Según informó en un comunicado la Fiscalía General del Estado, dirigida por Cándido Conde-Pumpido, la resolución dictada por el TSJPV "está extensa y suficientemente motivada".

No obstante, la institución que encabeza Cándido Conde-Pumpido manifiesta que no comparte algunos de los razonamientos empleados por el TSJ del País Vasco, "concretamente aquéllos que parecen cuestionar la decisión de la Sala del art. 61 del Tribunal Supremo que se trataba de ejecutar".

Sin embargo, la fiscalía admite que las diligencias practicadas en este caso por parte del TSJPV no han permitido probar la existencia de una desobediencia "expresa, clara y terminante" por parte del Parlamento Vasco.

"Para sostener la acusación por delito de desobediencia es necesario, por tanto, acreditar una confabulación entre los querellados miembros de la mesa y determinados miembros de la junta de portavoces para que los primeros adoptasen el acuerdo de cumplimiento de la resolución judicial como mera cobertura, a sabiendas de que los segundos impedirían su ejecución", explica la fiscalía.

"Esta construcción, aun cuando está avalada por algunos indicios que justifican la inicial presentación de la querella, resulta manifiestamente forzada para sostener una acusación penal de tanta relevancia, y se fundamenta en un juicio de intenciones de dificultosa prueba, que no se ha visto corroborado a través de las diligencias practicadas en la instrucción", añade.

La institución que dirige Cándido Conde-Pumpido sostiene que el Miniserio Fiscal "no puede mantener una acusación por un tipo delictivo que no aparece suficientemente acreditado en la instrucción practicada por el órgano legalmente competente".

Además, resalta que el hecho de no recurrir la sentencia del TSJPV "no implica en absoluto un menor rigor en la exigencia de efectividad de la declaración de ilegalización del complejo Batasuna realizada al amparo de la Ley de Partidos, si bien las acciones de la Fiscalía se dirigirán de manera específica contra los integrantes del complejo político ilegalizado".

NUEVA QUERELLA

Por otra parte, la institución de Cándido Conde-Pumpido ha decidido presentar una querella contra los parlamentarios vascos Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Alvarez Forcada por delitos de reunión ilegal y enaltecimiento del terrorismo, en relación al acto celebrado recientemente por Batasuna en el velódromo de Anoeta (San Sebastián).

La presentación de esta querella es fruto de las diligencias de investigación abiertas anteriormente para dilucidar si procedía o no ejercer acciones penales al respecto.

Por otra parte, la Fiscalía de San Sebastián abrirá nuevas diligencias de investigación para esclarecer los supuestos incumplimientos de la Ley de Partidos en determinados ayuntamientos guipuzcoanos, que han sido denunciados en la reciente reunión del Pacto Antiterrorista.

En su comunicado, la Fiscalía General del Estado "reafirma públicamente su intención de ejercitar, en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco, las acciones oportunas al amparo de la Ley de Partidos, para imposibilitar absolutamente que los herederos de la ilegalizada Batasuna, se llamen como se llamen, puedan participar en las elecciones, impidiendo por tanto su presencia en el próximo Parlamento vasco".