El dueño de la empresa y otra persona fueron detenidos, pero han quedado en libertad a la espera de que prosigan las investigaciones. El Ministerio Público le acusa de intrusismo profesional porque para practicar extracciones y transfusiones a los animales hay que ser veterinario y el nombre del investigado no consta en el colegio oficial.

Después de la operación , se solicitó de manera urgente ayuda a las asociaciones protectoras colaboradoras de la Comunidad de Madrid que acogieron a los animales libertado pese a la saturación de sus instalaciones.

Las asociaciones Fapam, ALBA, ANAA, Acunr, Rivanimal, SPAP, Animal Rescue, AXLA, APAP Alcalá, PROA, La Voz Animal Y El Cicam han colaborado en el trasladando los animales a sus centros de adopción y casas de acogida. La mayoría son galgos, que son donantes universales, aunque también había gatos y conejos. Algunos de ellos han tenido que ser ingresados y permanecen en estado crítico.

Durante la operación se encontraron varios animales gravemente heridos que tuvieron que ser trasladado de urgencia a clínicas veterinarias. Vivían en pésimas condiciones higiénico sanitarias, en instalaciones de ganadería que no cumplían lo más mínimo las necesidades acordes a su especie, todos con heridas, y muchos al borde de la muerte.

El querellado contaba con unas instalaciones en el municipio madrileño de Humanes donde tenía a los animales, fundamentalmente gatos y perros. Sometía a los animales a “prácticas dolorosas y crueles” para extraerles gran parte o todo su volumen sanguíneo, "sin lograr reponerlo adecuadamente y hasta causarles la muerte con una punción perforante hacia la región del corazón".

El único propósito de este tipo de actividades era la “completa” extracción de sangre a los animales que era trasladada en neveras portátiles hasta el local donde se encuentra el laboratorio y, una vez allí, se preparaba la sangre extraída para su posterior venta, comercialización y distribución en las distintas clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid.