Este juzgado tiene que decidir si admite a trámite la denuncia, para lo cual se apoyará en el criterio de la Fiscalía que en estos momentos ya analiza su contenido por si se hubiera producido, efectivamente, un delito de revelación de los datos fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso.

El juez a cargo ha trasladado al Ministerio Público la denuncia y le pide un informe sobre los indicios de delito antes de tomar una decisión sobre su admisión a trámite. La denuncia está firmada por el abogado Esteban Gómez Rovira, que indica que los dirigentes populares de entonces podrían haber incurrido en un delito de revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal.

Además, sostiene que en el caso de Casado y García Egea, ese tipo delictivo se verían agravado al haber sido cometido por una autoridad o funcionario público. El denunciante solicita al juez que cite a declarar a ambos para que expliquen la procedencia de los datos que les sirvió para acusar a Díaz Ayuso de favorecer a su familiar con contratos que le supusieron el cobro de más de 286.000 euros.

La cúpula del PP denunció públicamente los contratos suscritos por la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet Sportive S.L., propiedad de un empresario amigo de los hermanos Ayuso, para la compra de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros que llegaron desde China en abril de 2020, en pleno estallido de la pandemia y con la población confinada. Estos contratos ya están siendo objeto de investigación por la Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencias tras las denuncias de los partidos de la oposición en Madrid.

Gómez Rovira entiende que los datos esgrimidos por Casado y García Egea evidencian que “alguien, de forma ilegal, hizo llegar a la dirección nacional del Partido Popular información fiscal relativa al Sr. Tomás Díaz Ayuso, con infracción de la legislación relativa a la protección de datos, lo cual pudiera constituir más de un ilícito administrativo o penal".

En un primer momento, la presidenta madrileña aseguró que su hermano habría cobrado 55.850 euros por sus contactos y gestiones para el traslado del cargamento, pero días más tarde un cargo de la propia Comunidad de Madrid reconoció que Tomás Díaz Ayuso cobró en total 283.000 euros de la empresa Priviet Sportive, a la que se adjudicaron los contratos pese a tener nula experiencia en el mercado de los suministros sanitarios.