La fiscal estuvo destinada a la Fiscalía Antiterrorista de la República de Afganistán. En ejercicio de sus funciones participó directamente en casos relevantes, entre otros, en la investigación y acusación del entonces líder de Estado Islámico en Afganistán.

Su marido, abogado de profesión, murió en un atentado suicida en los juzgados de Kabul, dejándola viuda con un niño de pocos meses. Cuando los talibanes asumieron el poder en Afganistán liberaron a todos los criminales presos, entre ellos a los terroristas que había acusado.

A la vista de la situación y del grave peligro para su vida, huyó a Pakistán con su hijo que entonces tenía cinco años y su hermana menor; encontrándose pendiente de deportación a Afganistán, a donde ya ha sido enviada esta última con paradero desconocido.