Por tanto, esta posición no significa un cambio de criterio. El Ministerio Público continúa sin ver delito de terrorismo, por lo que su instrucción no sería competencia de la Audiencia Nacional.

Fuentes de la Fiscalía explican que el fiscal Miguel Ángel Carballo sigue manteniendo la misma postura contraria a imputar a los investigados, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por un delito de terrorismo.

A su juicio, los hechos investigados por las protestas posteriores a la sentencia del ‘procès’ constituirían un delito de desórdenes públicos agravados, cuya investigación no correspondería a la Audiencia Nacional. Pese a ello, Carballo no se opone a la prórroga de la instrucción porque en caso de remitirse la causa a Cataluña, el juzgado encargado no tendría tiempo de realizar ninguna diligencia.

El escrito enviado por la Fiscalía al juez García Castellón estima que el bloqueo del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y de la autopista AP-7, entre otras acciones, son al menos constitutivos de un delito de desórdenes públicos agravados aunque los tipos no tienen aún fijada su “definición jurídica”.

En estos momentos, está pendiente que la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva el recurso interpuesto conta el auto de imputación dictado por el magistrado en noviembre y la impugnación sobre la exposición razonada que el magistrado elevó al Tribunal Supremo para que impute a Carles Puigdemont y al parlamentario catalán Rubén Wagensberg, que son aforados. El Ministerio Público considera que mientras el Tribunal Supremo decide, la instrucción de la causa debe seguir.