El portavoz de la UPF, Carlos Castresana, hizo estas declaraciones a Radio Nacional en relación con el traslado de la fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, medida sancionadora solicitada por el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo.

A juicio de Castresana, la decisión que a este respecto debe tomar el Gobierno "no es potestativa o discrecional, sino que corresponde adoptar con arreglo a las previsiones de la ley que regula el Estatuto de lo fiscales".

"Parece que el ministerio fiscal ha sido elegido como campo de batalla y es una desgracia de la que esperamos librarnos cuando antes", afirmó el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, quien expresó su esperanza en que "la actual situación se resuelva de una vez por todas, con critrios profesionales y jurídicos".