Según esta instrucción, para determinar el carácter delictivo de la impruedencia, "los fiscales valorarán si el conductor ha quebrantado las normas más elementales de seguridad vial. Con el fin de conocer el alcance real de la imprudencia, los fiscales recabarán en todo caso los atestados policiales cuando se hayan producido muertes o lesiones graves".

Según la nota de la Fiscalía General del Estado, la sensación de impunidad que los ciudadanos perciben en relación con las imprudencias de tráfico se debe, en gran parte, "porque esas infracciones se tramitan como juicios de faltas".

"Dicha circunstancia impide que estas conductas tengan una respuesta punitiva cuando el perjudicado renuncia al ejercicio de la acción penal tras haber sido indemnizado por la compañía de seguros de los denunciados", sostiene la Fiscalía.

La seguridad vial, explica la Fiscalía, "es un bien de interés público y como tal debe ser protegido por el Ministerio Público con independencia de la decisión de la víctima".

"Esta actuación de los fiscales evitará la percepción de que la responsabilidad penal se puede eludir mediante el pago de indemnizaciones", manifiesta la Fiscalía.

Por último, los fiscales acusarán como regla general, por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a aquellos conductores que en los controles de alcoholemia, incluso en los preventivos, supere 1,2 gr. de alcohol por 1.000 c.c. de sangre, ó 0,60 mg. de alcohol por litro de aire espirado. Por debajo de esos niveles, se tendrán en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso.