González Amador se querelló contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, por haber difundido un comunicado de prensa en el que se revelaba el contenido de las negociaciones con la defensa del empresario para cerrar un acuerdo de conformidad a cambio de admitir el fraude fiscal.

El magistrado cita ese mismo día también para que declare en calidad de testigo al responsable del gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, a partir de las 11.00 horas.

En una providencia conocida el pasado jueves, el juez les cita para intentar determinar quien dio la orden de difundir ese comunicado y ver si la decisión correspondió a la máxima responsable de la Fiscalía en la Comunidad de Madrid o si la instrucción provino directamente del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en un acto público sumió la responsabilidad sobre estos hechos.

El instructor quiere, por tanto, determinar de quien partió la orden última e identificar a la persona que redactó el comunicado. Además, reclama todas las comunicaciones mantenidas entre la Fiscalía con el abogado del empresario y conocer la identidad de las personas que estaban en copia de esos correos electrónicos.

Según esas conversaciones, el representante legal de González Amador se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo de conformidad por el que reconocería dos delitos fiscales por importe de 350.000 euros a cambio de una pena menor. Ese comunicado fue denunciado, tanto por la pareja de Ayuso como por el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón.