A pesar de que la fiscal del caso, Rosa Guiralt, defendió en sus conclusiones que "fingir un parto es delictivo", recomendó al tribunal que considere la posibilidad de proponer el indulto de los acusados.

Por el contrario, la defensa del matrimonio, para el que la fiscal pidió un año de cárcel y 200.000 pesetas de multa, afirmó que no existió jamás simulación de parto, ya que éste tuvo lugar en la clínica privada de la Virgen del Consuelo en Valencia.

El abogado defensor de l intermediaria, Rafaela Vicente, para el que la fiscal solicitó la misma pena que para el matrimonio, pidió su libre absolución alegando que actuó en todo momento de manera "caritativa" y pensando que lo que hacía "era lo mejor para el niño".

Además, el letrado incidió en el bajo nivel cultural de su cliente, lo que, a su juicio, propició su desconocimiento sobre la ilegalidad de su actuación.

También la defensa del cuarto acusado, el ginecólogo que atendió el parto, Emilio Montesinos, insistió e su defensa y manifestó que su cliente "actuó para dar vida al recién nacido, que hoy vive sin problemas y con amor, porque ayudó a una familia que no podía tener hijos".

El ginecólogo, al que la fiscal acusa de simulación de parto y pide por ese motivo 2 años de cárcel, 7 de inhabilitación profesional y 400.000 pesetas de multa, se defendió diciendo al tribunal que a él se le acusa de no haber verificado la identidad de la madre, que se inscribió con el nombre de la madre adoptiva, "y aquí en la audincia nadie ha comprobado mi identidad y si soy o no médico".