El fiscal considera que en 1989, Jesús Arcauz Arana, de mutuo acuerdo con otras personas de las que no se conoce la indentidad, "decidió remitir por correo ordinario una carta de las conocidas como 'cartas-bombas" a Barrionuevo, que entonces era ministro de Transportes, Turismo y Counicaciones, pero que anteriormente lo había sido de Interior, "y por tanto, responsable en la lucha contra el terrrorismo".

La carta, compuesta por una carga de 60 centímetros de cordón detonante, llegó al Ministerio de Transportes el 11 de abril de 1989, pero no llegó a explosionar, ya que fue desactivada por miembros de la Guardia Civil.

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los hechos descritos son constitutivos de un delito de atentado en grado de tentativa previsto en el antiguo CódigoPenal, vigente en el momento de los hechos.