El fiscal pide entre 4 y 15 años de cárcel y la inhabilitación de desempeñar cargo público para los acusados, que fueron denunciados por más de doscientos presos.

Los hechos ocurrieron durante los días 2 y 3 de enero de 1992 cuando, a raíz de un motín provocado tras un prolongado apagón de luz en el recinto carcelario, los presos provocaron incendios y saquearon algunas dependencias, por lo que tuvieron que intervenir tanto los bomberos como las fuerzas de orden públco.

Durante la actuación de la policía y los bomberos, según figura en la denuncia de los reclusos, "algunos funcionarios de prisiones atacaron con diversos objetos, porras y barras de hierro a los amotinados, causándoles heridas graves a algunos de ellos".Los malos tratos y las persecuciones, según los mismos denunciantes, se prolongaron durante varios días despues del motín.

El abogado de la acusación, Manolo Sáez, declaró a Servimedia que "de momento no se puede afirmar que la responsabilidad e los malos tratos provenga de instancias superiores a los funcionarios, a no ser que se demuestre durante el juicio que actuaron cumpliendo órdenes de arriba".

Durante la vista oral del juicio están convocados a declarar el delegado del Gobierno y el jefe Superior de Policía en el momento de ocurrir el suceso, como responsables del orden público, y algunos dirigentes políticos que respaldan a la acusación.

No está citado a declarar, sin embargo, quien era entonces responsable de Asuntos Penitencarios, Antonio Asunción, luego ministro del Interior "porque las denuncias de los presos maltratados se han dirigido a los funcionarios y no a las autoridades penitenciarias", señaló el letrado de la acusación, Manolo Sáez.