Fernández Cano, por su parte, negó su implicación en actividades relacionadas con el juego ilegal y aseguró que cuando fue detenido simplemente paseaba por la calle. La vista se celebró hoy en la Audiencia de Barcelona.

El fiscal pie para cada uno de los agentes una pena de tres años de suspensión de cargo público y profesión, a la vez que acusa a Antonio Herrero de una falta de lesiones con el agravante de abuso de superioridad. La pena de prisión que solicita para cada uno de ellos es de dos años, 4 meses y un día.

El caso trascendió a la opinión pública después de que el presunto "trilero" José María Fernández Cano denunciara a varios agentes de la Guardia Urbana de Barcelona en agosto de 1990. Según explicó, los policías muncipales pedían dinero a los jugadores a cambio de no denunciarles.

El día 31 de agosto del mismo año fue detenido el policía municipal Pedro Cabrera, a quien Fernández Cano ya había entregado 50.000 pesetas por este concepto.

Según el informe del fiscal, el cabo Herrero y los agentes Rodrigo, Prados y Brell abordaron al "trilero" que los denunció el 29 de octubre de 1990, cuando José María Fernández Cano salía de un comercio de la plaza Catalunya de Barcelona, acompañado por otra persona.

Seún el fiscal, los guardias obligaron al "trilero" a subir a un coche patrulla y seis horas después fue llevado a la comisaría del distrito de Ciutat Vella. El informe también indica que una vez allí, Herrero y Rodrigo le golpearon.

Los policías municipales presentaron en comisaría un atestado en el que indicaban que habían sorprendido a Fernández Cano mientras participaba en una timba de "trileros" y que más tarde había intentado quitar la pistola a uno de los agentes.