Burgos, que hizo esta petición en la cuarta jornada del juicio que la Audiencia Nacional está celebrando contra los tres militares acusados de inventarse la identificación de 30 de las 62 víctimas del Yak-42, dijo que la declaración de Jiménez Ugarte es necesaria porque ha sido citado en numerosas ocasiones en la declaración de los acusados y de los testigos y por haber asumido el cargo de coordinador de las familias.

De hecho, Jiménez Ugarte, que en el momento del accidente era secretario general de Política de Defensa, fue la persona que Trillo designó para mantener las entrevistas con las familias, una vez que estos empezaron a sospechar que algunas identificaciones eran erróneas y que, por lo tanto, los restos que les habían entregados no eran los de sus seres queridos.

Varios de los familiares que declararon ayer ante el tribunal calificaron las citadas entrevistas de "humillantes" y dijeron que Jiménez Ugarte era "un energúmeno que les gritaba" una pesona que "se volvía loco con amenazas" y les acusaba de querer desprestigiar a las Fuerzas Armadas.

Además, el representante del Ministerio Público solicitó la declaración de Bületn Sam, Ömer Müslümanoglu, Hüseyin Afsin y Fatih Akyüz, los cuatro forenses turcos que intervinieron en las identificaciones de cadáveres que se hicieron en Trebisonda - lugar de la catástrofe- en los dos días posteriores al accidente, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003.

A este respecto, Burgos dijo que su declaración ante el tribunal es fundamental para esclarecer "las contradicciones" en las que han incurrido los acusados y varios de los testigos, principalmente en el papel que jugaron los forenses turcos durante las identificaciones que se llevaron a cabo en Trebisonda y sus "injerencias" en la labor de la delegación española integrada por los acusados.

Por último, Burgos solicitó la declaración del fiscal de Trebisonda, Burham Cobaboglu, y del director del Instituto Forense de Estambul, el doctor Keramettin Kurt.

El fiscal Cobaboglu ha sido citado en numerosas ocasiones a lo largo de la vista oral y fue la persona que, supuestamente, comunicó a la delegación española, en concreto al principal acusado, el general Vicente Navarro, que 30 cadáveres estaban sin identificar.

Ante estas peticiones, el presidente del tribunal, el juez Javier Gómez Bermúdez, indicó que esperará a que se practiquen todas la pruebas testificales, que previsiblemente finalizarán el próximo martes, antes decidir si admite estas nuevas declaraciones.

INFORMES DE NECROPSIA

La declaración de los dos testigos que comparecieron hoy ante el Tribunal dio poco de sí. El primero en comparecer fue el teniente coronel Manuel López Veral, que después del accidente fue comisionado como oficial de enlace para apoyar a las familias en los aspectos administrativos.

López Veral señaló que los familiares de la víctima tenían "mucha inquietud" por recuperar los objetos personales de las víctimas, tales como "carteras, relojes o anillos", pero aseguró que estas peticiones "no tuvieron nada que ver con las identificaciones". El testigo indicó que todas estas sugerencias e inquietudes se las transmitió al Ministerio de Defensa.

Tras López Veral declaró ante el tribunal el teniente coronel Coca, el superior que coordinó la redacción de los informes de necropsia elaborados por dos de los acusados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, y que fueron confeccionados en la base áerea de Torrejón (Madrid) el 28 de mayo de 2003, mientras se llevaba a cabo el funeral de Estado.

Los informes de necropsia fueron, presuntamente, el primer documento oficial en el que se produjo un supuesto delito de falsedad ya que en ellos se atribuyeron a 30 cadáveres identidades que no eran las suyas. Además, en estos informes se obviaron ciertas informaciones patológicas, como la carbonización de ciertos cadáveres.

Preguntado por su labor de coordinación en la elaboración de estos informes, el teniente coronel Coca aseguró que no dio indicaciones precisas a Ramírez y Sáez y añadió que se limitó aayudarles y a recordales que debían hacer estos documentos "lo antes posible".

Por último, Coca admitió que fue él, previa consulta, quien aconsejó a los dos acusados hacer constar como fecha de realización en los informes de necropsia el 27 de mayo de 2003, y no el 28, y que figurase como lugar Trebisonda, y no Torrejón de Ardoz.

En el juicio, el fiscal Burgos, pide cinco años de prisión para Navarro y cuatro años y medio para Ramírez y Sáez al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Todos ellos están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo.

El próximo lunes, el tribunal tiene previsto escuchar a un total de 13 peritos, algunos de ellos por medio de videoconferencia. El martes esta previsto que declaren el que fuera Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra (jemet) en el momento del accidente, el general Luis Alejandre, así como los cuatro empleados de una funeraria de Zaragoza que fueron enviados a Turquía para introducir los cuerpos en féretros.