Los acusados son Vicente García Pastor, Francisco López Herencia y Francisco Abellán Roldán, que se encuentran en libertad provisional tras el pago de una fianza de 100 millones de pesetas.

Por su parte, la Sociedad Arqueológica de Ibiza y Formentera, que se presenta como acusación particular, solicita 10 años de cárcel y 500 millones de pesetas de indemnización para los acusados.

Además, pid la misma condena para Manuel Roig, otra de las personas presuntamente implicadas en la destrucción de la necrópolis, al que, sin embargo, no afecta la acción del ministerio fiscal.

Según la Asociación para la Restauración de Cascos Antiguos (ARCA), en 1986 el Ayuntamiento de Ibiza concedió a los propietario de la finca la licencia de obras condicionada a la comprobación, por parte de expertos arqueólogos, de que no existía ningún yacimiento arqueológico.

Según esta asociación, el informe de los xpertos reveló la existencia de una necrópolis en la finca, por lo que el permiso de obras quedó anulado. No obstante, acusan a los propietarios de ignorar los resultados del estudio y ordenar la demolición de todo el complejo arqueológico, en el que existían, según Arca, más de 60 sepulturas.