Los procesados, todos ellos de nacionalidad turca ecepto siete españoles, están acusados de delitos contra la salud pública, pertenencia a organización, tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos, uso público de nombre supuesto y contrabando.

Según consta en las conclusiones provisionales del ministerio público, la red turca se instaló en España a partir de 1989 para crear la infraestructura necesaria para llevar a cabo el negocio ilícito de la droga, divida en distintos grupos que operaban en la costa del Sol y Madrid.

La red formabaoperativos por grupos o familias con un carácter muy cerrado, de modo que sus componentes no se conocían entre sí. Cada grupo estaba estructurado de forma piramidal, "jerarquizado al máximo y disciplinado".

Los turcos adoptaban medidas de seguridad extremas y utilizaban entidades bancarias en Gibraltar para dar salida a Turquía del dinero procedente del narcotráfico. Los españoles con conexiones con la red eran utilizados para labores de almacenaje y distribución de la droga.

Al frente de la red n España se encontraban Haci, Ahmed, Mohamed e Ibrahim Capam, para los que el fiscal pide 20 años de prisión y multa de 170 millones de pesetas para cada uno de ellos, que se limitaban a establecer los contactos necesarios para el negocio. Haci será el único que no se siente en el banquillo de los acusados por encontrarse en situación de rebeldía.

Otra de las organizaciones existentes era la encabezada por Ekrem Hut, ya fallecido, que se surtía de la droga traída desde Turquía e Irán por la familia Komaz, algunos de cuyos componentes, como el cabecilla, Husseyin Kormaz, serán juzgados en la Audencia Nacional. La heroína aportada por esta familia era de una gran pureza y se vendía a bajo precio, por lo que no tenía competencia en el mercado español.

La cantidad de heroína introducida en España por estos clanes no ha sido calculada, ya que los grupos tenían una gran disponibilidad de droga. Sólo durante las detenciones, la policía llegó a intervenir más de 300 kilos de heroína y cientos de millones e pesetas en dólares, marcos y liras, obtenidos de la venta ilegal.

Los grupos disponían de documentación falsa, vehículos, armas y varias residencias acordes con sus necesidades y, algunas veces intercambiaban a sus miembros para llevar a cabo sus negocios.

El juicio se alargará durante todo este mes de junio y está previsto que en la vista comparezcan más de 150 testigos ante el tribunal.