El representante del Ministerio Público hizo esta petición al final del juicio que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró hoy contra Silva Sande, al que considera autor de los delitos de robo con homicidio y atentado con resultado de muerte, con el agravante de alevosía.

Según sostuvo el fiscal Gónzalez Mota en sus conclusiones finales, en marzo de 1989 Silva Sande y los también miembros de los Grapo Guillermo Vázquez, María Jesús Romero y Laureano Ortega -ya condenados por estos hechos- acordaron atracar la delegación del Banco de España en Santiago de Compostela, con el fin de recaudar fondos para la organización terrorista.

En la madrugada del 10 de marzo de 1989, Silva y uno de los grapos ya condenados se acercaron a los dos agentes de la Guardia Civil que custodiaban la delegación, Constantino Limia y Pedro Cabezas, y les dispararon de forma repetida, causándoles la muerte inmediata.

El resto de los participantes en el asalto trataron de apoderarse sin éxito del dinero que había en la caja fuerte de la delegación del Banco de España.

A las preguntas del fiscal, Silva Sande negó ser la persona que disparó a los guardias civiles, así como haber participado en el atraco al banco. Añadió que en aquella época ni siquiera se encontraba en España.

En este sentido, señaló que, de los miembros del comando, tan solo conocía a Ortega, con el que había coíncidido algunos años antes en prisión.

Por último, el acusado indicó que, dentro de los Grapo, no se llevaba a cabo ninguna acción si no se contaba previamente con la autorización del secretario general del Partido Comunista Español reconstituido, Manuel Pérez Martínez, más conocido como el "camarada Arenas".

PISTOLA EN EL CUELLO

Entre los testigos que comparecieron ante el tribunal destacó el relato ofrecido por el ex empleado de la delegación del Banco de España en Santiago de Compostela Felipe Álvarez.

Este testigo señaló como, desde dentro de la sucursal bancaria en la que se encontraba trabajando en turno de guardia, vió como los terroristas disparaban a los dos agentes de la Guardia Civil, aunque explicó que desde su ángulo no pudo apreciar la cara de las cuatro personas.

Álvarez explicó que, al escuchar los disparos, los tres compañeros que esa noche se encontraban en la delegación bancaria "salieron corriendo", mientras que él se tiró al suelo.

Acto seguido, dos mujeres entraron en la sucursal, le pusieron una pistola en la espalda y le obligaron a levantarse. Entonces, el hombre que había disparado a los guardias civiles -al que no pudo reconocer- se le acercó, le puso una pistola en el cuello y le dijo que si no abría la caja fuerte le mataría.

Álvarez indicó al terrorista que él no sabía como abrir la caja fuerte y que la única persona que podía hacerlo era el cajero, que había huído de la sucursal al escuchar los disparos.

Según relató, el terrorista se enfureció, disparó cinco veces su arma contra la puerta de la caja fuerte y dijo "no se puede hacer nada, vámonos".

Además de los 60 años de cárcel, el fiscal pide que Fernando Silva Sande indemnice con 600.000 euros a los herederos de los agentes de la Guardia Civil asesinados.

Tras escuchar la declaración de los testigos y las conclusiones definitivas del fiscal y la defensa, el presidente del tribunal, el juez Ángel Hurtado, pronunció el visto para sentencia.