El ministerio público subrayó sin embargo que existían pruebas suficientes contra los procesados además de las obtenidas en el registro policial y no quiso entrar a analizar la posible inconstitucionalidad e la ley, si bien destacó que las policía hace muy poco uso de ella "porque no plantea más que problemas".

Por contra, el abogado defensor, Francisco Javier Díez Aparicio, sí solicitó al tribunal que en la sentencia plantee una cuestión de incontitucionalidad contra la ley "cuyo planteamiento es vergonzoso", al tiempo que denunciaba que no se respetaron las condiciones de flagrancia permitidas por la normativa y se pordujeron irregularidades y falsedades en el atestado policial.

Los hechos se remntan a la madrugada del pasado 4 de abril, cuando varios agentes interceptaron, frente a la puerta de su domicilio en la calle José Marañón de Madrid, a Ansumane Sumare y Mamadu Balde, a los que encontraron 8 bolsitas que contenían 0,8 gramos de heroína.

Según relataron los policías que intervinieron en la operación, los agentes vigilaban a los guineanos desde hacía varios días y, sabiendo que vivían con una tercera persona que podría estar implicada, decidieron registrar el domicilio de forma inmediaa, ante el temor de que éste hubiera visto la detención desde la ventana del inmueble.

Asimismo resaltaron que los apartamentos eran continuamente vigilados porque en ellos habitan otros traficantes, por lo que sospechaban que alguno de los vecinos podía avisar al inquilino si esperaban a recibir una autorización judicial.

Los policías llevaron como testigo al conserje del inmueble que, según declaró hoy ante el tribunal, fue el único que vio cómo uno de los agentes encontraba una bolsa que conteía 50 gramos de heroína bajo la almohada de uno de los detenidos.

No obstante, tanto el abogado defensor como el juez que instruyó la causa, Ramón Sáez Valcárcel, hicieron constar numerosas irregularidades en el registro, partiendo de la base de que los agentes podrían haber esperado la autorización judicial "sin merma de la eficacia de su actuación".

En el auto de apertura de juicio oral, el instructor señalaba que estaba convencido de que existían indicios de criminalidad, pero quiso hacer consar que los agentes no respetaron las garantías exigidas por la ley.

Así, destacó que fueron acompañados por un solo testigo, que sólo uno de los policías vio la mercancía que posteriormente mostró a sus compañeros y que la heroína intervenida en el piso no era de la misma pureza que la que encontraron a los detenidos cuando fueron arrestados en la calle.