El fiscal, Luis Jordaa de Pozas, modificó las calificaciones provisionales elaboradas por el ministerio público, que en principio solicitó un total de 324 años de prisión para los procesados por tres delitos de asesinato y uno de malversación de caudales públicos.

Sin embargo, los hechos son considerados ahora como un delito de robo con muerte dolosa, por el fallecimiento de Feliciano Martín de Paredes; asesinato en el caso de Pablo Pardo Ruiz y José Luis Fernández Corroto y dos delitos de falsedad de documento oficial. Por cada uno de los tres primeros delitos el fiscal pide 30 años de prisión y por los otros dos una sola pena de 10, 9, 8 y 6 años de reclusión, según los casos.

De todos los delitos son considerados autores los cuatro procesados, excepto en el del asesinato de Fernández Corroto, del que se exime a Adelardo Martínez, por no estar probada su participación, ya que por entonces se encontraba de vacaciones.

De esta forma, las penas solicitadas son de 100 años para el comisario Fernández Alvarez (qe en la actualidad cumple una pena de 29 años de cárcel por la desaparición de "El Nani"), 99 para Pérez Gutiérrez, 98 para Jaime Ignacio Cabezas y 66 para Martínez García.

Además, el fiscal pide el pago de un total de 66 millones de indemnización para los herederos de las víctimas, de cuyo abono se hará cargo el Estado en caso de imposibilidad de los procesados, como responsable civil subsidiario.

UN ROBO PLANEADO

En las conclusiones definitivas, el ministerio público estima que los cuatro proesados contactaron con José Luis Fernández Corroto, delincuente habitual, en marzo de 1984, cuando fue detenido por otros hechos no relacionados con el caso.

Dos meses más tarde, Corroto fue puesto en libertad y los policías planearon con él el asalto a la joyería "Viuda de Tornero".

El comisario Fernández Alvarez, entonces jefe de la Sección de Atracos de la Brigada Regional de la Policía Judicial, a la que pertencían los acusados, ordenó desplegar una operación de vigilancia en la zona con la ecusa de haber recibido una confidencia advirtiéndole de la posibilidad de que se cometiera un robo, pero "con el fin de simular sus verdaderos propósitos".

Según lo convenido, el 18 de junio Corroto atracó el taller, junto a Feliciano Martín de Paredes y Pablo Pardo Ruiz, "ante la pasividad de los cuatro procesados", como consta en el escrito del fiscal, y ordenó a sus compañeros que esperaran unos minutos y salieran después que él.

Los policías entraron en el portal al ver marcharse a Fernández orroto y se apostaron en el bajo esperando a los delincuentes. Primero dispararon sobre Feliciano Martín y luego persiguieron a Pablo Pardo, que huyó por la escalera, pero se encontró con otros dos agentes no identificados que se habían colocado con anterioridad en las plantas superiores para cortar la salida a los atracadores.

Ante esta circunstancia, el delincuente se acurrucó en una de las esquinas del primer descansillo y pidió que no le hicieran daño, pero los policías dispararon a corta distanci.

Los procesados se apoderaron del botín y, "pese a ser evidente" que habían fallecido en el acto, trasladaron a las víctimas al hospital para evitar que el juez acudiera al levantamiento de los cadáveres.

De esta forma, según el fiscal, dispusieron de un día para preparar el escenario e incluso forzaron las cadenas de un piso abandonado del inmueble para simular que el tercer delincuente escapó con el botín por allí.

Después idearon matar a Corroto para no repartir el botín y evitar que lesdelatara, por lo que se citaron con él en Móstoles un mes más tarde, en un paraje y a una hora adecuada para que no existieran testigos presenciales.

FALACIAS

Tanto en unos hechos como en los otros los procesados redactaron dos atestados policiales llenos de "afirmaciones falaces", en las que narraron que los atracadores abrieron fuego en primer lugar.

Las acusaciones particulares coincidieron en su apreciación con el relato del fiscal, aunque dos de ellas incluyen a Adelardo Martínez como respnsable, como encubridor, de la muerte de Fernández Corroto.

Asimismo, las tres acusaciones ven indicios de criminalidad en la actuación de los policías José María Malvido, Benigno Ramos, Francisco Aguilar, Isabel Vicente y José María Montero, por presunta complicidad y encubrimiento.

Estos agentes declararon como testigos en el juicio y fueron los encargados de recoger las joyas y de tomar declaración a los testigos. Todos afirmaron que no observaron nada anormal en las actuaciones policiales.

Esta mañana concluyó además la prueba pericial con el testimonio de Ildefonso González y Fernando Santos, peritos tasadores de las joyas robadas, que calcularon su valor en cerca de 8 millones de pesetas.

Los testigos declararon no obstante que se equivocaron en su estimación y que casi con toda probabilidad el valor de las joyas que no se recuperaron asciende a 25 millones de pesetas, como declararon los responsables del taller.