Según el fiscal, José María Martín González y Miguel Angel Ortiz García tenían perfecto conocimiento del valor histórico artístico de los restos, por lo que además exige el pago a la Junta de Castilla y eón de una indemnización de 251.000 pesetas.

Los hechos ocurrieron en marzo de 1994, cuando los dos acusados procedieron al vaciado del solar en el que pretendían construir y donde hacía unos días habían aparecido restos romanos, inmuebles, mobiliario, pinturas murales y monedas de los siglos I al IV.

Los dos constructores, según el ministerio público, actuaron por su cuenta, conscientemente y sin poner en conocimiento de las autoridades la naturaleza del hallazgo.