Alonso explicó que la decisión del CGPJ "no pone reparo a los requisitos formales" para que Cardenal acceda a ese cargo, "pero tiene, como tenemos muchos, serias reticencias respecto, no de la ideología de este hombre, que es muy respetable, sino del hecho de que él pueda sacar su moral privada al espacio público en el que va a gobernar".

A su juicio, incorporar la moral privada a la fiscalía general del Estado "n es consentible", porque esta institución "tiene que estar gobernada o animada por el interés público, por los principios constitucionales, no de lo que cada uno piense de la vida, sino de lo que la Constitución dice que son las reglas del juego".