Los abogados Juan Carlos Rodríguez y Emilio Murcia, que ejercen en nombre de laAVT la acción popular, habían pedido la apertura de expediente disciplinario contra la fiscal por acusarles de "impericia" en la tramitación de la causa.

A juicio de los abogados, esa imputación de la fiscal en uno de sus escritos supone atribuirles un delito de negligencia, que, en su opinión, constituye menosprecio a inferiores, iguales, abogados y procuradores, considerado falta leve en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Los letrados solicitaron al juez Manuel García-Castellón, que investiga dcho atentado, deducir testimonio del escrito de la fiscal para remitirlo al fiscal jefe de la Audiencia Nacional y que éste decidiese si había motivos para incoarle un expediente.

Las discrepancias entre la fiscal y los abogados de la AVT se produjeron en relación al procesamiento del etarra Mikel Azurmendi por su presunta relación con el atentado perpetrado por ETA contra Aznar el pasado 19 de abril en Madrid. Este procesamiento había sido solicitado por la representante del Ministerio Público y contba con la oposición de los abogados.

La fiscal pidió el procesamiento basándose en unas huellas de Azurmendi halladas en agosto del pasado año en un vehículo abandonado en las inmediaciones del domicilio de Aznar por varios individuos armados tras mantener un enfrentamiento con una patrulla de la Policía Municipal.

Sin embargo, la AVT se opuso a dicho procesamiento al entender que las pruebas contra el etarra carecían de la consistencia para proceder contra Azurmendi, por lo que estimó que debía sperarse un poco más de tiempo.

Posteriormente, el juez García-Castellón desestimó la petición de la fiscal por entender que los hechos atribuídos a Azurmendi, aunque podían ser constitutivos de delito, no tenían "indicios racionales de conexidad" con el atentado de Aznar como para dictar el procesamiento, lo que fue recurrido por la fiscal y nuevamente rechazado por el magistrado.