García Ortiz hizo esta consideración ante la Comisión de Justicia del Congreso, ante la que comparece esta jornada para que los diputados se pronuncien sobre su idoneidad, algo que exige la ley al haberle propuesto el Gobierno para continuar como responsable de la Fiscalía.

En su intervención inicial ante esta comisión, el fiscal general se refirió al dictamen que la mayoría del CGPJ aprobó el pasado 30 de noviembre, en la que no se le consideraba idóneo para seguir en el cargo. Se alegaba como elemento fundamental la sentencia del Tribunal Supremo que estima parcialmente un recurso contra la promoción a fiscal de Sala de Dolores Delgado, responsable de Derechos Humanos y Memoria Democrática dentro del Ministerio Público.

A este respecto, García Ortiz señaló que la mayoría del CGPJ, al aprobar este dictamen, se atribuyó una “función de fiscalización” del fiscal general “como si se tratara de un órgano jerárquicamente superior”, cuando solo debe pronunciarse sobre el mérito y capacidad del candidato.

“CLARA INJERENCIA”

Según el fiscal general, que se alegue la sentencia del Supremo sobre el ascenso de Delgado supone excederse en las competencias de los vocales. “Ni los jueces ni su órgano de gobierno”, afirmó, “eligen en España a los fiscales. No es ese nuestro modelo legal ni constitucional. Nuestra autonomía se predica tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial”.

Afirmó que los vocales que aprobaron el dictamen en su contra actuaron como un “tribunal de honor”, sin darle “ningún tipo de audiencia”. Sostuvo que la mayoría del Consejo no le permitió hacer “alegaciones” ni pronunciarse sobre las dudas manifestadas a su reelección para el cargo.

Además, el responsable de la Fiscalía sostuvo que el pronunciamiento del CGPJ sobre su continuidad en el cargo suponía una “clara injerencia” en el proceso judicial referido a la elevación de Delgado a la categoría de fiscal de Sala.