García Ortiz declaró por espacio de hora y media y en el curso de su comparecencia hizo constar su denuncia contra el registro de su despacho, que considera un verdadero “allanamiento” y que vulnera su derecho de defensa. Insistió en que esa entrada en un despacho oficial no tiene ningún precedente en Europa.

El fiscal general sólo ha respondido a las preguntas del abogado del Estado, que ejerce su defensa. Tampoco habría tenido inconveniente en responder a las pregustas de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, pero ella no formuló ninguna cuestión. Lo que sí hizo es dar lectura a un documento en el que criticó duramente la instrucción y dijo que la causa es “absolutamente ilegal”.

El investigado, en cambio, se negó a responder a las preguntas de las cuatro acusaciones y a las del juez Hurtado, del que dijo que está “predeterminado” sobre esta causa, lo que le impide “ver la verdad sobre lo sucedido”.

García Ortiz negó en varias ocasiones haber hecho las filtraciones de las que se le acusa y explicó que su cambio de móvil no tiene nada que ver con la investigación, puesto que ha cambiado de terminal en seis ocasiones durante sus cuatro años de mandato y el realizado en octubre pasado había sido solicitado en el mes de marzo, mucho antes de que esta investigación estuviera sobre la mesa.

El Supremo investiga al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador a un correo genérico de la Fiscalía para ofrecer un acuerdo que suponía la asunción de dos delitos fiscales y el pago de 550.000 euros a cambio de no ir a juicio, con el consentimiento de su cliente.

El fiscal general hizo un alegato en defensa de su actuación e insistió en que el registro de su despacho fue una auténtica “intromisión ilegítima” que le provocó indefensión y que, por sí mismo, podría derivar en la nulidad de pleno derecho de todo el procedimiento.

A lo largo de su declaración desmintió “rotundamente” haber filtrado el correo a los periodistas y a algún cargo del Gobierno. Capítulo aparte mereció la actuación de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuyo testimonio ha puesto al fiscal general en entredicho. Según García Ortiz, la idea de difundir una nota desmintiendo las informaciones de Miguel Ángel Rodríguez la tomaron de manera conjunta Lastra y él.

En este punto, García Ortiz negó haber dado órdenes directas a Lastra o al jefe de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se difundiera la nota de prensa que recogía frases textuales del correo. Y dijoque Lastra también tenía el correo electrónico del abogado de González Amador.

Insistió en que la supuesta conversación en la que Lastra le preguntó si había filtrado el correo nunca se produjo y achacó las acusaciones de la fiscal madrileña en su declaración ante el instructor al profundo “desafecto” que tiene hacia la cúpula de la Fiscalía General del Estado.

García Ortiz llegó poco antes de las 10 de la mañana hasta la puerta principal del Tribunal Supremo. Llegó a bordo de su vehículo oficial, acompañado de su defensa. No hizo ningún tipo de manifestación a los periodistas y se limitó a dar los buenos días. Un pequeño grupo de personas le increpó llamándole “sinvergüenza” y deseándole que vaya “a la cárcel”.