El pasado 27 de diciembre el Consejo de Ministros nombró de nuevo a García Ortiz, que ocupaba el cargo de fiscal general desde septiembre de 2022 y que fue confirmado tras las últimas elecciones generales.

De acuerdo con la legislación vigente, el fiscal general en España cesa al hacerlo el Gobierno, por lo que el Gabinete de Pedro Sánchez, al seguir en La Moncloa, debía decidir si mantener a García Ortiz, algo que hizo.

El real decreto de su nombramiento se aprobó después de los trámites preceptivos, que incluían la petición de un informe de idoneidad al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la comparecencia del candidato en el Congreso.

Así, el Pleno del CGPJ aprobó su dictamen el pasado 30 de noviembre y en el mismo concluyó que García Ortiz no era idóneo para seguir en su puesto, debido a que había sido desautorizado por una sentencia del Tribunal Supremo. La mayoría de los vocales del CGPJ hacía referencia así a la sentencia del Supremo que estimó parcialmente un recurso contra la promoción a fiscal de Sala de Dolores Delgado, responsable de Memoria Democrática dentro del Ministerio Público y extitular de Justicia.

Al dictamen del Consejo se refirió García Ortiz en su comparecencia en el Congreso del pasado 21 de diciembre, en la que PSOE y sus socios parlamentarios avalaron su continuidad, que fue rechazada por PP y Vox.

El fiscal general sostuvo que la mayoría del CGPJ que apoyó el dictamen contra él había actuado como un “tribunal de honor”, ya que cuestionó su trayectoria extralimitándose en sus funciones. El responsable del Ministerio aludía así a que el órgano de gobierno de los jueces solo debía valorar si reunía mérito y capacidad.

A este respecto, García Ortiz señaló que la mayoría del CGPJ se atribuyó una “función de fiscalización” del fiscal general “como si se tratara de un órgano jerárquicamente superior”, cuando solo debe pronunciarse sobre el mérito y capacidad del candidato.