El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió hoy aplazar el estudio de una propuesta elaborada por el vocal Javier Gómez de Liaño, que pidió al pleno que se pronunciase a favor del control judicial en todo el proceso de seguimientoy vigilancia de la ejecución de la pena impuesta a los presos.

La solicitud del consejero se deriva de las últimas declaraciones efectuadas por el ministro de Justicia ante la concesión del tercer grado penitenciaria a los etarras Isidro Etxabe y Juan Antonio Urrutia, que podrán disfrutar de permisos de salida a partir del próximo fin de semana.

De la Quadra estimó que la reinserción de los terroristas debería ser controlada por el Gobierno, consideración que fue secundada por el presidente del CPJ, Pascual Sala, siempre y cuando exista un informe alternativo de los jueces que sea 7"decisivo".

A estas opiniones se suman las manifestaciones del fiscal general que anunció que la fiscalía prepara una instrucción para que cuando el ministerio público recurra la concesión de un beneficio carcelario "la decisión del juez de vigilancia penitenciaria quede en suspenso mientras no decida la Audiencia, lo que, en la actualidad, no recoge la ley".

Para Hernández esta medida, que definió como "una veja idea mía", constituiría "una mayor garantía" a la hora de permitir la salida de los presos, ya que el tribunal reestudiaría el caso y no dependería del criterio exclusivo de los jueces de vigilancia penitenciaria.

Gómez de Liaño se hace eco en su escrito de un informe elaborado el pasado mes de mayo por los jueces de vigilancia penitenciaria en la que reclaman el acatamiento de la norma constitucional que encomienda a jueces y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional "juzgando y haciedo ejecutar lo juzgado".

El vocal afirma en su escrito que "hay que terminar con las vacilaciones", ya que cree que los jueces de vigilancia penitenciaria se encuentran "en una situación muy delicada, casi de plano inclinado" porque "se cuestiona su papel (...) dudando e incluso porfiándose sobre su misión.

El pleno decidió no obstante posponer el debate hasta estudiar en mayor profundidad el citado informe en el que los jueces penitenciarios solicitan además una dedicación exclusiva, ya que todo desempeñan sus labores en otras jurisdicciones por lo que se encuentran con una gran sobrecarga de trabajo.

Por otra parte, el Consejo nombró asimismo como nuevo magistrado suplente del Tribunal Supremo a Cándido Conde-Pumpido, actual portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, que fue fiscal jefe del alto tribunal hasta que se jubiló la pasada primavera.