Según el fiscal, el doctor de la la Cal actuó en los casos que se le imputan movido por fines de carácter sexual y no profesional, tal y como hubiera sido de esperar de su condición.

Asimismo, la acusación pública entiende que ha de considerarse responsables civiles subsidiarios a la Diputación General de Aragón y al Inalud, ya que, en el momento de suceder los hechos de la Cal era funcionario.

Durante el último día de la vista oral, han prestado su declaración ante el tribunal los forenses y el psiquiatra que han elaborado un informe sobre el estado psíquico del procesado. Según este informe, de la Cal desarrollaba tendencias sadomasoquistas que podían verse agravadas por una dependencia hacia el alcohol y las anfetaminas.

Por su parte, las siete acusaciones particulares personadas en la causa mantuvieron sus eticiones iniciales de penas de reclusión de hasta ocho años para de la Cal. La defensa elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que se solicitaba la libre absolución de su cliente, por entender que nunca vulneró los principos éticos que rigen la práctica de la Medicina.