Ese día, Permach advirtió que, si alguno de los dirigentes abertzales que han declarado estos dos días en la Audiencia Nacional es encarcelado, "el proceso (de paz) va a entrar en una situación de bloqueo cuyas consecuencias tendrá que medir el Estado español".

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se trata de unas declaraciones de contenido "únicamente político, amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión".

Así lo explicaron a los periodistas el teniente fiscal Jesús Santos y el fiscal Juan Antonio García Jabaloy, que estos días se han hecho cargo del caso, en lugar del fiscal que se encarga habitualmente de este sumario, Juan Moral, que fue quien solicitó la citación de los ochos dirigentes abertzales por la designación de la nueva "Mesa Nacional".

Tampoco son amenazas las declaraciones que realizó el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, el 24 de mayo, cuando la formación abertzale presentó la denominada "comisión negociadora" para el proceso de paz. El citado dirigente se refirió a la "extrema gravedad de la situación".

Además, considera que la constitución de la nueva "Mesa Nacional" de Batasuna, así como la designación de la denominada "comisión negociadora" no constituyen "nuevas actividades incardinadas en el delito de integración en organización terrorista".

A juicio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, "con estas actuaciones no se ha pretendido contribuir a los fines y objetivos de la organización terrorista ETA, sino recuperar la presencia de la formación ilegalizada Batasuna en la vida política, así como apoyar la situación actual de cese de violencia y la consecución de la misma con carácter definitivo".

SITUACIÓN DIAMETRALMENTE DISTINTA

"Resulta claro que dicha situación es diametralmente distinta" a la originada por la jornada de huelga convocada por Batasuna el pasado 9 de marzo en el País Vasco y Navarra, que provocó numerosos disturbios. Además, en aquel entonces "se encontraba plenamente vigente la actividad criminal de la organización terrorista ETA", sostiene el fiscal.

Precisamente el juez Grande-Marlaska ya tomó declaración el pasado mes de marzo como imputados a Otegi y otros dirigentes abertzales en relación a los 108 actos violentos ocurridos durante aquella huelga.

A juicio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en todo caso ahora nos encontraríamos ante un delito de quebrantamiento de una medida cautelar, castigado con una pena de multa, "pena que en ningún caso justificaría una agravación de la medida cautelar ya decretada contra los imputados".

Por todas estas razones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha pedido la modificación de la situación personal de los ocho dirigentes de Batasuna que han declarado estos dos días ante el juez Grande-Marlaska: Arnaldo Otegi, Jon Gorrochategui, Rufino Etxebarría, Karmelo Landa, Juan Cruz Aldasoro, Joseba Permach, Pernando Barrena y Joseba Alvarez. Todos ellos, excepto este último, se encuentran en libertad bajo fianza.

Sin embargo, los que sí pidieron medidas cautelares para los ocho imputados fueron los abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Dignidad y Justicia. Los primeros pidieron prisión incondicional para todos, mientras que los segundos solicitaron lo mismo excepto para Karmelo Landa, para el que han propuesto prisión eludible bajo fianza de 400.000 euros.

Las peticiones se realizaron durante una 'vistilla' celebrada para determinar qué medidas cautelares se adoptan contra los imputados. Sin embargo, el magistrado no comunicará su decisión hasta las once de la noche.

LA CITACIÓN

Otegi, Gorrochategui, Landa, Etxebarria, Aldasoro, Barrena, Permach y Álvarez han tenido que comparecer como imputados ante el juez Fernando Grande-Marlaska en relación a la designación de la nueva Mesa Nacional de la citada formación, por la creación de la denominada "comisión negociadora" para el proceso de paz y por amenazas terroristas.

Se da la circunstancia de que Otegi y Etxebarría son dos de los seis integrantes de la "comisión negociadora" que la ilegalizada Batasuna presentó el pasado 24 de mayo, con vistas a participar en el proceso de paz.

Las citaciones se enmarcan dentro del sumario 35/02, en el que se investiga la presunta relación de Batasuna con la banda terrorista ETA y la supuesta financiación de esa organización a través de las "herriko tabernas".

En el marco de este sumario, el juez Fernando Grande- Marlaska decretó el pasado 17 de enero la suspensión de actividades de Batasuna, lo que, según el fiscal Juan Moral, no ha sido acatado por la ilegalizada formación al designar a su nueva Mesa Nacional.