El fiscal Carlos Ramos solicita penas de entre 7 y 12 años de prisión para cada uno de los inculpados por delitos de falsedad documental y estafa, y expuso durante una hora las circunstancias del fraude, que alcaza unos 2.500 millones de pesetas. Según sus conclusiones finales, entre los procesados existía "una íntima relación de intereses".

En la sesión de ayer del juicio, que se celebra en la Audiencia de Barcelona desde el 27 de junio, la acusación pública ratificó la petición de 12 años de cárcel para el agente de cambio y bolsa Angel Jesús Carretero, 10 años para Jordi Planasdemunt y para su socio en BFP Joan Basols, 9 años para Carme Company, esposa del tercer socio, el fallecido Salvador Forcadell, y 7para el resto de acusados.

El fiscal atribuyó hoy a Basols, que era el consejero delegado de BFP, "el papel estelar en la realización de los delitos" y destacó la importancia de la aportación de Planasdemunt a BFP por su "determinante prestigio profesional y personal en el mundo financiero".

Según explicó, a pesar de que el ex director del ICF declaró lo contrario, "nunca se desvinculó de BFP", incluso cuando accedió al cargo público, "como lo demuestra el testimonio de inversores, tarjetas persoales con el anagrama de la sociedad o las continuas alusiones a su nombre en la contabilidad de la empresa".

Añadió que BFP se presentaba como una sociedad intermediaria para pedir créditos o avales ante el ICF "ofreciéndose como un servicio propio de esta sociedad en la que estaba Planasdemunt".

Respecto a Carme Company, dijo que su intervención en la empresa fue "real y efectiva", y de forma especial en el control de sus balances y negó que sólo hubiera actuado por las indicaciones de su marido fallecido durante la instrucción del caso, en 1993.