En sus conclusiones, Casado, implica en los hechos a los 10 concejales de la corporación municipal y a 11 vecinos de la localidad, para quienes pide también diferentes penas de cárcel.

En el escrito, el fiscal solicita en total penas que suman 149 años de prisión por varios delitos, multas de casi 9 milloes de pesetas, responsabilidad civil subsidiaria para el ayuntamiento, e indemnizaciones por daños materiales y morales que suman 14 millones de pesetas para compensar a los gitanos cuyas viviendas fueron dañadas durante la manifetación de vecinos del 19 de mayo pasado.

Como pruebas testificales, el fiscal fija la comparecencia en juicio oral del gobernador civil de la provincia, Joaquín Iñiguez, la del secretario del ayuntamiento, Pedro Hernández Torres, la de doce guardias civiles y otras nueve persnas, como testigos.

Asimismo, adjunta como pruebas periciales los informes ya practicados y, en calidad de pruebas documentales, propone la audición y visión pública de las grabaciones existentes sobre los incidentes.

En las conclusiones provisionales, el fiscal acusa al alcalde de la localidad, Alfonso Martínez de la Hoz, y a los 10 concejales de la corporación municipal, de un delito cometido por funcionarios públicos contra el ejerccio de los derechos de la persona, de uno de manifestación ileal y de otro de daños con la agravante de morada del ofendido.

La acusación particular, que ha decidio posponer la presentación de sus calificaciones, solicita penas de 6 meses de destierro, 6 años, 4 meses y 1 día de prisión menor y 600.000 pesetas de multa, para cada uno de los ediles implicados y para el alcalde.

En el mismo escrito, José María Casado acusa a nueve jóvenes de la localidad de un delito de manifestación ilegal, por el que pide 2 años y 4 meses de prisión, y de otro delito de dañs con la agravante de morada del ofendido, por el que solicita 5 años de prisión menor.

En el capítulo de indemnizaciones, propone para cada uno de los procesados 7.500.000 pesetas por los destrozos ocasionados en las 6 casas y el corralón, propiedad de diversas familias gitanas, y un millón de pesetas por daños morales.

La petición del fiscal por los incendios es de 500.000 pesetas por daños materiales y un millón por daños morales para el propietario de la vivienda dañada.

En cuanto a los asos de insolvencia, el fiscal Casado requiere la declaración del Ayuntamiento de Mancha Real en calidad de responssable civil subsidario.