Estos acuerdos, que ponen el punto final a seis meses de incertidumbre en la factoría, contemplan la reducción de 93 puestos de trabajo, con lo que la plantilla queda situada en 189 empleados, y el compromiso de la multinacional japonesa Suzuki de segregar esta planta del grupo Santana, una vez levantada la suspensión de pagos de la empresa.

Asiismo, Suzuki invertirá en la modernización de la fábrica cerca de 7.000 millones de pesetas para la fabricación de piezas de coches y motos. Los japoneses obtendrán del Gobierno de Castilla-La Mancha una subvención del 30 por ciento del total de la inversión a través de la ley de incentivos regionales, así como un préstamo a bajo interés de 1.000 millones de pesetas.

El secretario del comité de empresa, José Mercado, manifestó, tras la firma, que "el acuerdo no nos gusta a nadie, y mucho menos a nosotos, pero ésta es la única salida para que los japoneses no desmantelaran la factoría".

Para Mercado, que insistió en varias ocasiones en que los trabajadores todavía no se fían de Suzuki, "el comité de empresa ha perdido una batalla importante, la de perder 93 puestos de trabajo, aunque lucharemos para ganar la guerra y poder incorporar en un futuro no muy lejano a los empleados que se han tenido que marchar".

Por su parte, el consejero de Industria de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, que esuvo presente en la firma, agradeció a las dos partes los esfuerzos realizados para alcanzar el acuerdo, "al que estamos muy poco acostumbrados en el sector automovilístico de nuestro país".

Alonso, que recalcó que el Gobierno regional no ha puesto ni una sóla peseta para pagar indemnizaciones, negó que los japoneses de Suzuki se hayan aprovechado de la crisis de nuestro país para obtener una cuantía muy elevada de subvenciones, por encima de la media.

Según el consejero, "los japoneses, ni antes i ahora, ni aquí ni fuera de nuestro país, regalan nada a nadie e intentan sacar lo máximo posible, porque si no fuera así, malos empresarios serían".