La renuncia de los populares a las aportaciones anónimas hizo posible el consenso entre los grupos, ya que éste capítulo era la principal diferencia que separaba a los populares de los socialistas y de IU. Estos dos grupos están en contra de este tipo de donaciones, por entender que iban en contra de la transparencia que debe regir la financiación de las formaciones políticas.

Las cinco proposiciones de ley serán debatidas en la Comisión Constitucional del Congreso, que creará una ponencia encagada de estudiarlas conjuntamente y de recoger las iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios.

Durante el pleno, el responsable de Finanzas del PSOE, Francisco Fernández Marugán, defendió la conveniencia de un sistema mixto que comprenda la financiación pública y la privada, pero siempre que estas últimas aportaciones sean nominativas y no anónimas.

En su opinión, deben descartarse las donaciones procedentes de empresas y sociedades para eludir las posibles interferencias e intromisionesdel mundo de los negocios en la política.

En nombre del PP, Jaime Ignacio del Burgo explicó que tras una largo proceso de reflexión su grupo decidió rechazar en su texto las donaciones anónimas en aras al consenso entre las fuerzas políticas y reconoció que una financiación exclusivamente privada podría dar al traste con las actividades de los partidos políticos.

ENDEUDAMIENTO

Respecto al endeudamiento de los partidos, dijo que los populares están dispuestos a buscar fórmulas que solucionen el roblema, "pero si que ello signifique", dijo, "que los partidos que no han sido respetuosos con el principio de austeridad puedan tener privilegios en relación con el resto de los ciudadanos".

Manuel Alcaraz, de IU, señaló que las subvenciones públicas a los partidos deben ser la garantía de igualdad para todas las formaciones políticas y apostó porque el reparto de fondose se haha en función del número de votos y no de los escaños obtenidos.

El portavoz del PNV, José Juan González de Txábarri, eplicó que la actual ley de financiación, que data de 1987, no ha resuelto los problemas de financiación y que "no se puede seguir con la política del avestruz" durante más tiempo.

Manuel Silva, de CiU, reclamó un mejor trato fiscal para las aportaciones privadas, similar al que tienen las fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro, al tiempo que defendió la necesidad de una mayor transparencia en la contabilidad de los partidos.