Todos ellos fueron requeridos para responder a la siguiente cuestión: "El juez Marino Barbero ha suspendido la instrucción del 'caso Filesa' hasta que se pronuncie la Sala del Tribunal Supremo en relación con la nueva situación de las personas aforadas incursas en el procdimiento. El presidente del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, y el Fiscal General del Estado, Eligio Hernández, se han pronunciado inmediatamente a favor de que las actuaciones se remitan a la jurisdicción ordinaria ¿Qué opina sobre este conflicto de competencias?, ¿Cree que es de aplicación la normativa de causas especiales de 1912?"

Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense y diputado tercero de la Junta de Gobierno del Colgio de Abogados de Madrid, respalda al PP en su defensa de la vigencia de la ley de 1912, según la cual el Supremo debe tener competencia en el proceso hasta el final.

"Falta una teoría clara y una legislación definitiva sobre la instrucción y enjuiciamiento de causas en las que aparezcan como imputados aforados.

Ahora bien, la Ley de Causas Especiales de 1912, que no ha sido derogada más que parcialmente y por lo tanto está vigente, es determinante al marcar la competencia del Tribunal Supremo hsta la conclusión del proceso, con independencia de la vida legal de las Cortes.

Por lo tanto, si se aplicase este artículo, en caso de que no haya sido derogado por otra norma posterior, es evidente que sigue la competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la instrucción de la causa de estos señores.

Luego, no faltará quien interprete que la ley de 1912 es pre-constitucional y que entonces sería necesario plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para ue lo aclarase. El caos está servido por el conglomerado de normas existentes".