Esta es la segunda ocasión en esta nueva tanda de comparecencias en la que uno de los citados por Barbero se niega a prestar declaración, despuésde que el pasado viernes lo hiciese José Ramón Lorenzo Elvira, consejero delegado Hauser y Menet, empresa que recibió de Filesa 164 millones de pesetas por diversos servicios.

Al igual que ese día, los abogados de las partes personadas interpretaron esa decisión como un intento de invalidar la declaración efectuada el pasado 31 de mayo por Larrazábal en calidad de testigo, dado que ahora se encuentra en situación de inculpado de un presunto delito o delito continuado de falsedad mercantil.

A pesa de su negativa a contestar, tanto el fiscal como el abogado del Estado y el magistrado formularon varias preguntas a Larrazábal sobre la existencia real de los servicios prestados por su empresa a Filesa y el PSOE, a las que éste contesto en todo momento acogiéndose a su derecho a no testificar.

Larrazábal tampoco se ratificó en la declaración que efectuó como testigo a finales del pasado mes de mayo, en la que reconoció que su empresa mantuvo relaciones comerciales con Filesa y el PSOE, aunque preció entonces que los trabajos realizados para cada una de ellas eran independientes.

Asimismo, en contra de las conclusiones de los peritos, Larrazábal, que compareció acompañado de un abogado del despacho del catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo, negó que Filesa abonase la facturas correspondientes a trabajos realizados para el PSOE y señaló que desconoció el contenido concreto de dichos trabajos, al igual que ocurría con los realizados para otras empresas.

En su informe, los peritos de Haciendaindicaron que Filesa asumió la facturación de trabajos que presumiblemente fueron prestados por El Viso Publicidad al PSOE y destacaron que el PSOE era su verdadero cliente.

Los peritos también agregaron que los trabajos realizados por El Viso Publicidad para Filesa no tenían nada que ver con la actividad real de esta última empresa y señalaron que no está acreditada documentalmente la existencia de los informes realizados, sino que tan sólo consta el pago por parte de Filesa de 150 millones de peseta.

El juez Marino Barbero ha citado para las 17.30 horas de esta tarde al director general de Mabuse, Ramón Gómez Redondo, quien también deberá comparecer en calidad de inculpado de un supuesto delito o delito continuado de falsedad de documento mercantil.