Según ha podido saber Servimedia, la dnuncia, remitida al director general de Minas del Ministerio de Industria, Alberto Carbajo, contiene unos análisis del mineral encargados por la compañía eléctrica al Instituto del Carbón de Oviedo, en los que se demuestra que la composición no se corresponde con la del mineral extraido en sus explotaciones.

Ello supone para Fenosa una evidencia del fraude que viene denunciado esta compañía ante los tribunales y las autoridades energéticas desde 1994, y que en septiembre de ese año dió lugar a la creaión de un grupo de trabajo, presidido por Alberto Carbajo, para supervisar la actividad de la empresa minera leonesa.

La actividad denunciada podría elevar el fraude cometido hasta los 4.000 millones de pesetas, aunque los responsables de Fenosa, propietaria de la central térmica de La Robla, a la que se destina el carbón objeto de la polémica, prefieren hablar por el momento de algo más de 2.000 millones de pesetas.

Fuentes de la eléctrica consultadas por Servimedia señalan que están a la esperadel pronunciamiento del Ministerio desde que el pasado día 2 de enero remitieron el informe al repsonsable de Minas, y que de ser favorable, daría lugar a penalizaciones para el grupo minero

Los análisis remitidos a Industria indican que carbón que debería proceder de la antigua Antracitas de Gaiztarro S.A., hoy Victorino Alonso, tienen una composición diferente a la que deben tener los minerales acogidos al plan de subvenciones del carbón y que exige la Delagación del Gobierno en la Explotación del Sstema Eléctrico.

Junta a estas pruebas de laboratorio, Unión Fenosa asegura que está sufriendo constantes impedimentos por parte del Grupo Alonso para realizar los controles de origen del carbón que le autorizado a hacer el Ministerio de Industria a la empresa eléctrica.

Mientras, el titular del juzgado de instrucción numero 5 de León continúa investigando el supuesto fraude fiscal de Alonso denunciado por Fenosa, así como la acusación de estafa a la compañía por cobrar carbón un 50 por cien más aro de lo que le ha valido realmente ocultando su origen real.

Dicha estafa, de confirmarse, podría suponer que asociaciones de consumidores se personen en el proceso, ya que también se habría perjudicado al usuario final, puesto que un 30 por cien del coste final de la tarifa eléctrica es la subvención al precio del carbón nacional que costean los españoles.