En paralelo, garantizó que denunciará ante el Tribunal de Cuentas al funcionario que firme la cancelación del contrato valorado en más de 6 millones de euros. El PP considera que puede existir una “responsabilidad contable” si se produce “cualquier menoscabo de fondos públicos” por esta maniobra, e intentará que “quienes lo ocasionen” lo paguen con su propio patrimonio.

“Esto es un aviso a navegantes. El que firme se va a ir al Tribunal de Cuentas. El interventor que valide este expediente, el alto cargo o el responsable de la resolución de este expediente tendrá que dar cuenta ante el Tribunal de Cuentas, por supuesto”, garantizó en declaraciones a los medios en Madrid. “No sé si el Consejo de Ministros a escote debe de pagar la rescisión de este contrato, pero lo que es evidente es que los españoles no lo tenemos que pagar”, dijo unos minutos antes.

Feijóo insistió en achacar la drástica decisión del Gobierno a “un problema personal” de Sánchez con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y no por los “intereses generales” de los españoles. Y denunció, además, que se trata de un ejercicio de “hipocresía” que “es impropia de un país occidental” porque hay más contratos de armamento firmados con Israel.

“Nunca hemos entrado en esta cuestión porque entendemos que la defensa de nuestro país está por encima de los principios ideológicos puntuales de algunos partidos políticos”, dijo al ser preguntado por si él mantendría estos contratos.

“Es curioso que los mismos que se rasgan las vestiduras por comprar un fungible permitan una compra masiva de gas ruso. ¿Qué ocurre? ¿Que en Rusia no hay una guerra y no hay una masacre de ciudadanos ucranianos desde hace años? Esta hipocresía es impropia, insisto, de un país occidental”, añadió.

Con respecto al futuro de Marlaska, Feijóo cree que, “si tiene un poco de amor propio”, tiene en esta “desautorización” una “causa clarísima” para presentar su dimisión, aunque dio por hecho que no lo hará. “Aquí no se va nadie, el objetivo fundamental de este Gobierno y de sus altos cargos es la nómina, no es un proyecto para España”.

Por último, sobre las declaraciones de Yolanda Díaz, que considera que esta rescisión es legal, Feijóo se remitió al informe de la Abogacía del Estado, que ya ha informado de que habrá que pagar una indemnización a Israel. “Entre la capacidad jurídica de la señora Díaz y la de la Abogacía del Estado, me quedó con la de la Abogacía”.