Durante su intervención en el Pleno de la Cámara, recordó también el esfuerzo de la Administración autonómica llevado a cabo en los últimos años para facilitar el acceso a la vivienda, a través de programas de ayudas al alquiler, a la rehabilitación o a la adquisición.

Un esfuerzo que hizo posible que más de 23.000 personas se beneficiaran de las ayudas al alquiler, llevar a cabo la rehabilitación de más de 7.000 viviendas en 2021 (279 de ellas por iniciativa de los ayuntamientos); que cerca de 500 jóvenes menores de 35 años pudieran adquirir una vivienda en ayuntamientos pequeños, o que 42.000 personas se beneficiaran de la bajada de los impuestos vinculados a la adquisición de viviendas.

Asimismo, precisó que en este 2022 la Xunta cuenta con un presupuesto de 124 millones de euros para promover la construcción de 2.293 viviendas, de las que 512 son de promoción pública, 65 rehabilitadas y 1.716 viviendas protegidas en relación al suelo residencial.

Sobre este punto, se refirió a modo de ejemplo a la situación en ayuntamientos como el de Vigo, que “lleva un año sin otorgar la licencia de urbanización para desarrollar la ampliación del polígono de Navia; el de Ferrol, donde la Xunta sigue pendiente de las licencias para rehabilitar más de una decena de edificios en el casco histórico; o el de Lugo, donde nueve meses después, seguimos a la espera de la licencia de ocupación tras finalizar varias viviendas”.

Durante su intervención en el Pleno de la Cámara para responder a las preguntas de los grupos, el titular del Gobierno gallego propuso un pacto para transparentar el tiempo medio de otorgamiento de licencias en los ayuntamientos de Galicia en favor de la vivienda pública.

“Sería un gran pacto”, aseveró Feijóo, lamentando que algunos alcaldes estén bloqueando las actuaciones de la Xunta para construir, rehabilitar o urbanizar suelo residencial, con el fin de poner a disposición de los vecinos más viviendas públicas.

Feijóo aprovechó su intervención para pedir nuevamente al Gobierno central que rectifique sobre el proyecto de Ley de Vivienda, que invade, tal y como advirtieron la Xunta y el Consejo General del Poder Judicial, las competencias de las comunidades.