El líder de la oposición hizo esta aseveración tras conocer el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que acredita que el fiscal general borró sus mensajes de Whatsapp el pasado 16 de octubre, día en el que el Tribunal Supremo le encausó por un presunto delito de revelación secretos cometido con la filtración de datos confidenciales de Alberto González Amador.

En una entrevista en Cope recogida por Servimedia, Feijóo reiteró que “el comportamiento del fiscal general del Estado es incompatible con el sistema democrático de cualquier país de la Unión Europea”, por lo que lo que debe hacer “automáticamente” es dimitir. “Y si no dimite, lo que tiene que hacer el Gobierno es cesarle”, remarcó.

Y, tras deplorar que García Ortiz se haya “negado a declarar y a responder las preguntas del juez”, tildó de “insólito en cualquier democracia occidental” que fiscal general borrara sus correos y mensajes del fiscal tras ser imputado.

“Una vez que tiene conocimiento de que va a ser investigado, borra compulsivamente correos, mensajes de WhatsApp y se da de baja incluso en su correo personal. Tiene el comportamiento de un delincuente común, que es borrar las pruebas que le incriminan. Y eso, por supuesto, no tiene antecedentes en la democracia española”, argumentó.

PAPEL DEL TC

Preguntado por si cree que el Tribunal Constitucional puede aceptar el previsible recurso de García Ortiz y detener la instrucción por entender que la entrada en el despacho del fiscal general fue improcedente, Feijóo aseveró que también sería “insólito” que el tribunal de garantías “volviese otra vez a dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo” tras anular parte de las condenas del caso de los ERE de Andalucía. El PP ya ha recurrido esta sentencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Feijóo reclamó al Constitucional que “deje de manosear las sentencias del Tribunal Supremo” actuando como “tribunal de última instancia”, “cosa que no es su función en ningún caso”, y garantice “un Estado de derecho pleno en España”. Y, tras remarcar que la mayoría progresista del TC fue nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, deslizó que el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, podría cometer un delito de prevaricación si se “cristaliza” la anulación del proceso judicial abierto contra García Ortiz.

“En la España del sanchismo todo aquello que nos parece imposible pues al final se va superando, pero está claro que todos los ciudadanos están sometidos ante la ley y el hecho de ser miembro del Tribunal Constitucional no significa que se pueda delinquir, claro que se puede delinquir, y dictar una resolución a sabiendas injusta… eso es una prevaricación”. “Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que atenerse la ley”.