En 2015, el Partido Popular aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que recuperó la obligatoriedad del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años para la interrupción voluntaria del embarazo, aún en vigor.

“Desde la Federación Mujeres Jóvenes llevamos reclamando la recuperación de nuestros derechos y la plena capacidad de las mujeres de 16 y 17 años de decidir sobre su cuerpo, sexualidad y capacidad reproductiva”, indicó coincidiendo con el debate de hoy en Consejo de Ministros sobre el anteproyecto de Ley sobre Salud Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Entre las demandas principales de la federación destacan el “permitir que las mujeres de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo si así lo desean, sin que sea necesario el consentimiento paterno”. Esto tampoco incluiría, según dicen, “el deber de información por parte de la menor a sus progenitores cuando ello suponga una situación de especial vulnerabilidad para la joven".

Además, abogaron por “acabar con las 72 horas de reflexión para que se considere válida la decisión de una mujer para interrumpir voluntariamente su embarazo”. Desde la Federación de Mujeres Jóvenes, reclamaron, además, que “la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho cuya cobertura debe estar enmarcada y garantizada en los servicios de atención universal de la sanidad pública”.

Según la federación, “se debe retirar del Código Penal el delito de aborto, a excepción del supuesto en el que se realice esta práctica por parte del personal sanitario sin contar con el consentimiento de la mujer o tutor legal”. Uno de los mayores retos -explicaron- “es acabar con las desigualdades existentes entre comunidades autónomas y dotar a todas las mujeres de los mismos derechos y garantías sin distinguir su territorio de procedencia”.

Otra de las demandas del colectivo es “incluir la enseñanza de la educación afectivo sexual en los colegios e institutos, enmarcándola dentro del currículo obligatorio” y “considerar el acceso a una educación sexual como un derecho fundamental enmarcado dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas de nuestra carta magna”.

Por último, desde la federación se solicitó también “prohibir la inscripción de menores en el Registro Civil cuyo nacimiento sea fruto de la práctica de la gestación subrogada en países extranjeros”.