En un estudio sobre la ley publicado este martes, si bien la organización valora positivamente “la voluntad del Gobierno de aliviar las cargas y frenos a la creación y crecimiento de nuevas empresas”, apunta que se centra en “cuestiones secundarias”.

Así, considera que “buena parte del texto se centra en facilitar el uso de medios telemáticos en la constitución de sociedades mercantiles, un trámite relativamente poco costoso en cualquier caso y que afecta sólo a las empresas que adoptan la forma societaria”.

Destaca que se permite constituir sociedades limitadas con un solo euro de capital, “como si la aportación (que no gasto) de un capital de 3.000 euros hubiera sido en algún momento una restricción real, cuando el capital social materializado como aportación monetaria en cuenta corriente puede retirarse de ésta inmediatamente o ser aportado en especie”.

Lamenta que “olvida por completo los costes de arranque no societarios, que representan la totalidad de los costes de arranque para los empresarios individuales (incluidos la mayoría de los autónomos)” y los costes recurrentes en que incurre todo tipo de empresa para operar en la formalidad. “El proyecto presta también escasa atención a barreras tan fundamentales como son las autorizaciones y licencias de apertura, no sólo relativas a las empresas sino a sus establecimientos, quedándose en el terreno de meros retoques y declaraciones genéricas de buenas intenciones”, critica Fedea.

Asimismo, recalca que se omite cualquier referencia a las barreras al crecimiento empresarial generadas por la existencia de umbrales regulatorios, en virtud de los cuales la carga fiscal y regulatoria aumenta de forma automática con la dimensión de la empresa, “un fenómeno que ha sido criticado de forma reiterada por numerosos informes de organismos internacionales”.

Por último, apunta que el proyecto de ley “viene a ampliar las burocracias públicas con la creación y reforma de varios organismos” como el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada; la renovación del sistema de seguimiento, evaluación y reforma de la red de creación de empresas Circe, un Observatorio de Buenas prácticas Regulatorias que será gestionado por la Secretaría de Unidad de Mercado y la nueva Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, que asume las funciones del Consejo para la Unidad de Mercado.