Es la principal sugerencia del artículo ‘El futuro del sistema de pensiones: demografía, mercado de trabajo y reformas’ firmado por Sergi Jiménez y Analía Viola, que analiza las distintas reformas del sistema de pensiones y, en concreto, los efectos de la última introducida por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en un contexto demográfico complejo.

Se trata de una propuesta que trata de mejorar la reforma aprobada y con la premisa de plantear ajustes progresivos que no supongan una reducción del poder adquisitivo de los mayores ni una reducción de las pensiones de los jóvenes respecto a las generaciones previas.

Asimismo, Fedea sugiere la unificación de los sistemas de jubilación anticipada y activa con un nuevo sistema que introduzca que la pensión sea compatible con el trabajo en todas las edades, que no se restrinja a ningún trabajador con un mínimo de años cotizados a partir de la edad de jubilación anticipada y que se suprima la jubilación parcial.

Este sistema permitiría continuar en el mismo trabajo a tiempo parcial (formando al trabajador de reemplazo) compatible con la jubilación activa anticipada, pero con pérdida de cualquier compensación salarial ligada a la antigüedad, una vez solicitada la pensión.

El análisis realizado por Fedea subraya que las tendencias demográficas auguran una pirámide poblacional invertida en España para los próximos 30 años, en los que serán características fundamentales la alta esperanza de vida, el descenso del número de nacimientos y una mayor tasa de dependencia. Pese a ello, subraya que “la idoneidad y la naturaleza del sistema de pensiones establecido en los 60 y los 70 no han sido nunca realmente cuestionadas”.

Sobre las últimas reformas cometidas, se distingue la contraposición entre las de 2011-2013 y las de 2021-2023. De la primera, Fedea afirma que “intentó contener el gasto e iniciar el camino hacia un cambio de paradigma del sistema, desde la prestación definida hacia la contribución definida”, algo que sería “mucho más sostenible”.

En cambio, la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez siguió una “estrategia radicalmente distinta”, según el organismo, ya que “aparte de laminar las principales medidas de la reforma anterior, opta por la expansión del gasto y también el ingreso, aunque según todas las fuentes no gubernamentales, sin conseguir equilibrar ambas partidas”.

REFORMA ELECTORALISTA

Según Fedea, la última reforma de 2023 tiene “un claro perfil electoral” pues “ya no intenta contener el gasto, sino aumentar los ingresos para cubrir el gasto creciente”, algo que tiene “numerosas implicaciones negativas a medio y largo plazo”.

Por un lado, “genera un incremento relativo del gasto en pensiones y, por tanto, limita el gasto en fundamentalmente educación y sanidad” y, por otro, debido al incremento de cotizaciones, se puede ver afectado el crecimiento de la economía española.

Fedea sostiene que contrarreformas que conviertan el actual sistema de prestación definida en uno de contribución definida (cambio de paradigma) o ajusten el gasto a las disponibilidades contributivas (recorte de pensiones realista) “pueden ayudar a solucionar el problema”, pero reconoce que estas reformas “quizás no sean, en la actualidad, políticamente sostenibles, ya que el peso de los mayores en la sociedad española es creciente y casi mayoritario”.

El organismo concluye que el futuro del sistema de pensiones español es “altamente incierto ya que actualmente, y si no media remedio, en las próximas décadas se encuentra en un evidente y creciente desequilibrio, que las recientes reformas no parecen solucionar”, pues estas “han optado por aumentar los recursos destinados a los mayores, a costa de aumentar la imposición a las generaciones más jóvenes y de recortar las partidas de inversión en los jóvenes (educación e inversión productiva), lo que es difícilmente sostenible a medio y largo plazo”.