Así lo explica el economista de Fedea Ángel de la Fuente en un estudio publicado este lunes, en el que aclara que los recursos destinados a esas ayudas condicionadas deberían integrarse en el presupuesto destinado a transferencias no finalistas a los hogares de menor renta, posiblemente a través de complementos específicos que, en algún caso, ya existen al menos de forma “embrionaria”.

Y es que, a su criterio, la “interferencia” por ley con contratos privados para favorecer a posteriori a una de las partes también tiene “contraindicaciones importantes” que aconsejan no utilizar este instrumento o, al menos, evitar la prolongación de su uso más allá de situaciones “muy especiales” de crisis.

“En particular, la protección que se presta de entrada a determinados grupos por esta vía suele traducirse en un endurecimiento de las condiciones de contratación de individuos con similares características en el futuro”, explica de la Fuente, quien pone como ejemplo la previsible reacción de los potenciales arrendadores ante la prohibición de expulsar a aquellos inquilinos morosos que tengan hijos menores para recuperar su vivienda.

Por otra parte, sostiene que “los costes generados por estas intervenciones son poco visibles y suelen recaer de forma esencialmente aleatoria y por lo tanto poco equitativa sobre agentes privados “que pasaban por allí.””

Además de sus efectos directos, el estudio publicado por Fedea señala que la introducción de medidas de este tipo tiende a erosionar el contenido de los derechos de propiedad y a generar inseguridad jurídica de una forma que termina repercutiendo negativamente sobre el desarrollo y el buen funcionamiento de los mercados afectados, como resulta ya aparente en la retracción de la oferta de vivienda en alquiler ante medidas que en principio buscan proteger a los inquilinos, vulnerables o no, a costa de reducir la rentabilidad del inmueble para su propietario y por tanto su atractivo como instrumento de inversión.

Así pues, resalta que convendría concentrar esfuerzos y recursos en los programas que complementan la renta de las familias más necesitadas, pero es también importante diseñar tales ayudas de la mejor manera posible, lo que “exige tener en cuenta sus efectos sobre los incentivos de sus beneficiarios para trabajar, así como medir con sumo cuidado tanto las rentas como las necesidades de los hogares candidatos a las mismas para concentrar los recursos disponibles en aquellos donde la brecha es mayor”.

Por otra parte, valora positivamente que en España exista cierta compatibilidad durante unos meses entre la vuelta al mercado laboral y la percepción del ingreso mínimo vital (IMV) o del subsidio por desempleo, ya que incentiva el regreso al empleo. “En muchos casos, la duración de la exención podría ser suficiente para que el beneficiario llegue a alcanzar rentas del trabajo por encima del mínimo garantizado, saliendo así del IMV y de la potencial trampa de pobreza, pero en caso contrario no existirá un incentivo monetario para seguir trabajando de forma permanente”, previene de la Fuente.

“Será necesario ir acumulando evidencia sobre qué sucede tras el final del período de compatibilidad para hacernos una idea de la efectividad del mecanismo de incentivos adoptado y, en su caso, buscar formas de mejorar su diseño. Esto podría pasar por una reducción gradual del tipo de gravamen efectivo durante un período más amplio que el actual. O, si llegamos a la conclusión de que la compatibilidad parcial no es suficiente, también se podrían considerar otras formas de introducir incentivos en esquemas de complementos de rentas, como el impuesto negativo sobre la renta o las deducciones retornables por ingresos del trabajo”, profundiza.

Finalmente, destaca que para garantizar que las prestaciones de rentas mínimas cumplen “satisfactoriamente” su objetivo de asegurar una cierta suficiencia, es esencial medir “con cuidado” tanto las necesidades del hogar cuya cobertura se quiere asegurar con la renta mínima como su renta previa a la prestación.