Azúa hizo esta afirmación durante su participación en una jornada sobre "El Desarrollo del Futuro Nacional de Dependencia: Impacto de la Protección Social de las Personas con Discapacidad", organizadas por la Asociación Telefónica para Asistencia a Minusválidos (ATAM) y el Real Patronato sobre Discapacidad.

Tras lamentar que el proyecto de Ley de Dependencia del Gobierno "está bajo siete candados" y no lo conoce, Azúa instó al Ejecutivo a hacer pedagogía sobre los beneficiarios de la dependencia para que los ciudadanos no se creen grandes "expectativas" sobre sus bondades.

En este sentido, recordó que el Libro Blanco de la Dependencia cifra en 1.500.000 las personas dependientes en España. A su jucio, existe "una cierta perversión", porque no se está informando de cuántas personas hay que proteger.

Sobre la financiación del sistema de dependencia, Azúa dijo que, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, esa financiación se debe adaptar a las necesidad individuales de cada persona.

También dijo que la prestación de servicios de atención a este colectivo debe complementarse con el que ya le suministran sus familias. En este sentido, Azúa subrayó que FEAPS cuenta con un catálogo de 13 prestaciones de servicios para los discapacitados intelectuales.

Además, Azúa subrayó la importancia de que Gobierno, sindicatos, y asociaciones con y sin ánimo de lucro que trabajan con las personas dependientes consensuen la futura norma.

Concluyó que esa ley debería tener "un tiempo de lanzamiento de dos años" para crear todas las infraestructuras necesarias para su desarollo. En este sentido, consideró preciso reforzar los centros de evaluación de la discapacidad.

Finalmente, Azúa comentó que el Gobierno debe facilitar formación a los 400.000 trabajadores que ha anunciado que prestarán servicio al colectivo de personas dependientes.