Según informó Farmaindustria, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional falló en este sentido porque dicho Plan se creó sin seguir el “procedimiento legalmente establecido”, vulnerando el “principio de jerarquía normativa”.

El tribunal argumentó también que convirtió a los IPT en un instrumento obligatorio para la evaluación de medicamentos previo a la decisión de financiación.

De hecho, la Audiencia Nacional atendió todas las alegaciones presentadas en el recurso interpuesto por Farmaindustria. Y si bien cabe recurso de casación por parte del Ministerio de Sanidad, la anulación de pleno derecho del Plan para la consolidación de los IPT supone una oportunidad de revisar este procedimiento en España, según subrayó Farmaindustria.

La sentencia es especialmente contundente en su redacción cuando desestima las alegaciones de la Abogacía del Estado según las cuales, el Plan sería un “documento organizativo”.

MODIFICACIÓN NORMATIVA

Además, añadió el tribunal, el Plan tiene una “evidente vocación de modificar el cuadro normativo vigente”. Esta afirmación se sustenta en la propia redacción del Plan, con expresa referencia a la necesidad de incorporar a los IPT una evaluación económica.

Otro de los argumentos esgrimidos por la Audiencia Nacional es el hecho de que el Plan se elaboró con “omisión absoluta del procedimiento legalmente establecido”: no se abrió plazo de consulta pública a los afectados; no se elaboró una Memoria del Análisis de Impacto Normativo; no hubo informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad ni del Ministerio de Hacienda y Función Pública ni del Consejo de Estado, y “tampoco consta que la propuesta se sometiera a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios ni que se haya elevado al Consejo de Ministros para su aprobación y menos aún que el Plan se haya publicado en el BOE”.

PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS

Como trasladó Farmaindustria en su recurso, este Plan para la consolidación de los IPT produce efectos ostensibles frente a terceros porque establece derechos y obligaciones que trascienden la esfera interna de la Administración. En concreto, afecta a las compañías farmacéuticas a las que se concede participar en el proceso de precio y financiación mediante una fase de alegaciones condicionada e influye en la prescripción de los medicamentos por parte de los médicos y, sobre todo, impacta en los pacientes y en su acceso a nuevos tratamientos.

De hecho, España está viviendo en los últimos años una preocupante situación en materia de disponibilidad de fármacos. En España los pacientes sólo tienen acceso a un 58% de los nuevos tratamientos aprobados en la Unión Europea y esperan 629 días de media, según el último informe ‘Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa 2022’.

Por eso, Farmaindustria viene reclamando que la situación actual requiere una reforma urgente del sistema de precio y financiación en España para que los pacientes tengan un acceso a los nuevos medicamentos y terapias en términos de plazos y disponibilidad en línea con las mejores prácticas de los principales países europeos.