En un comunicado, Comisiones estima que el cierre organizado hoy no tiene justificación en una sociedad democrática, "en la que todos y todas, sin excepción, estamos sometidos al imperio de la ley".

Lamentan que salvo el pronunciamiento formal de la Junta de Extremadura, ninguna otra autoridad sanitaria haya asegurado un servicio "imprescindible" para la ciudadanía, "llegándose a l paradoja de haber permitido que los convocantes de la ilegal medida organizasen los servicios mínimos que estimaron oportunos".

Por ello, el sindicato reclama al Gobierno central y a las autonomías que ejerzan sus responsabilidades a la hora de mantener la legalidad, y reitera su rechazo a la utilización de mecanismos de presión que intentan imponer intereses particulares sobre los generales de la ciudadanía.