Este proyecto, que entra ahora en fase de audiencia pública, establece en su actual redacción un nuevo modelo de selección de medicamentos por el que se elegirá cada seis meses el medicamento o los medicamentos más baratos de cada tipo (agrupación homogénea) y deben ser dispensados.

"De esta forma, si a un paciente le prescribieran un medicamento que no es el seleccionado, el farmacéutico debería sustituirlo por el seleccionado o el paciente tendría que abonar la diferencia de precio", explicó el Consejo, que advirtió de que esta situación reduciría la adherencia a los tratamientos e incrementaría el riesgo de errores y problemas asociados al uso de los medicamentos, al modificarse con frecuencia el fármaco dispensado.

“Los farmacéuticos estaríamos viendo ampliada nuestra capacidad para sustituir medicamentos, pero no queremos hacerlo por un mero motivo económico sino por razones sanitarias. Este nuevo sistema nos pone en el compromiso de sustituir constantemente el medicamento y eso en personas vulnerables y polimedicados representa un problema gravísimo, por las confusiones que puede generar al paciente”, explicó Jesús Aguilar, presidente del Consejo General.

Además, el nuevo sistema, al limitar los fármacos seleccionados, "reduciría drásticamente las opciones y la disponibilidad de medicamentos en la farmacia, y generaría problemas de suministro que dificultarían la continuidad de los tratamientos. Pero que tendrían también un importante impacto sobre la red de oficinas de farmacia y el empleo asociado a ellas, en especial en los entornos más vulnerables, dejando numerosas localidades y barrios sin farmacia, sin sus profesionales y sin acceso al medicamento".

Por otra parte, el Consejo General valoró la introducción de medidas de desarrollo profesional del farmacéutico en el anteproyecto de ley. Entre ellas figura la posibilidad de actuar sobre medicamentos de primera prescripción en determinadas circunstancias, la participación en comités de coordinación farmacoterapéutica en las Zonas Básicas de Salud, o el reconocimiento a la labor del farmacéutico en la dispensación entre presentaciones equivalentes. Estas medidas, en línea con las peticiones realizadas por el Consejo General, "representan un aumento de competencias del farmacéutico y permitirían aliviar la presión de la atención primaria", apuntó.

Sin embargo, el Consejo General recordó que este proyecto normativo solo podrá utilizar el potencial de las farmacias, reforzando la capacidad asistencial y de salud pública del Sistema Nacional de Salud, "si garantiza a la vez la sostenibilidad, accesibilidad y viabilidad del conjunto de la red de farmacias comunitarias, que con este anteproyecto de ley se pone en riesgo".

“Sólo una farmacia social, accesible y económicamente viable permitirá aprovechar el potencial de la profesión farmacéutica al servicio del Sistema Nacional de Salud, ampliando sus capacidades asistenciales y garantizando la equidad en el acceso a los medicamentos. Sin sostenibilidad económica, no hay desarrollo profesional posible”, alertó Aguilar.