FAMILIARES DE LOS MILITARES MUERTOS EN TURQUIA PRESENTAN UNA DENUNCIA PENAL ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
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La Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 ha decidido presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional para la apertura de diligencias que establezcan posibles responsabilidades penales por el siniestro en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión de paz en Afganistán.
Junto a esta denuncia, que no va dirigida contra ninguna persona en concreto, sino que únicmente pide que se investiguen las decisiones adoptadas en el ámbito del Ministerio de Defensa a la hora de contratar el avión siniestrado, la Asociación también reclamará indemnizaciones, mediante un proceso de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, también ante la Audiencia Nacional.
El presidente de la Asociación, Carlos Ripollés, hermano de un comandante fallecido en el accidente, declaró en rueda de prensa que han llegado a esta determinación después de que sus conversacines con el Ministerio de Defensa hayan quedado "en punto muerto". "No han querido que vayamos de la mano" y únicamente "nos han dicho: consíganse ustedes las indemnizaciones", señaló.
Ripollés relató que durante los cuatro meses transcurridos desde el accidente han mantenido tres reuniones con el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, con quien no han podido llegar a una solución en lo que concierne a la principal demanda de la Asociación: "saber la verdad de lo que ocurrió n el accidente".
El presidente de la asociación que representa a 42 familias de los accidentados insistió en que ése es su objetivo primordial, y no conseguir indemnizaciones, mientras que, según denunció, el Ministerio se ha opuesto a crear una comisión de investigación parlamentaria y no ha facilitado a los familiares las informaciones que se han ido conociendo sobre las circunstancias del accidente.
El abogado que representa a la Asociación, Edualdo Vendrell, explicó que en primer lugar tratarn de convencer a Defensa que tenían que "respaldar a las familias". "Quien debe responder por el funcionamiento fatal en este caso de la Administración es la propia Administración", porque "los militares no embarcaron en ese avión por elección propia, sino por una decisión administrativa".
"CONSIGANSE USTEDES SUS INDEMNIZACIONES"
Según Vendrell, la Administración tiene que hacer frente a las indemnizaciones y después, junto a la propia asociación, haber exigido "ulteriores responsabilidades" ya seala compañía aérea subcontratada, a la agencia de la OTAN, NAMSA, que contrató el vuelo o a los otros intermediarios.
"Ofrecimos ir juntos, pero el Ministerio no ha aceptado este planteamiento y ha dicho: consíganse ustedes sus indemnizaciones", manifestó el letrado, quien agregó que, llegados a este punto, es cuando han decidido "iniciar actuaciones ante los tribunales para investigar y aclarar los hechos".
De esta manera, "en los próximos días" la asociación acudirá a la Audiencia Nacional para mediante una denuncia, instar la apertura de diligencias penales para que el juez encargado determine "si ha habido algún delito, falta o negligencia que se pueda imputar a alguien y ver si hay responsabilidades de alguien", en palabras de Vendrell, quien recalcó que, de momento, "no queremos imputar delito a nadie".
El abogado consideró que en las decisiones adoptadas por Defensa al contratar el vuelo pudo haber un "delito de omisión", "al no haber tomado las medidas de control necesarias para evita un daño". Si estos delitos quedan de manifiesto durante las diligencias judiciales, se actuaría "contra aquellas personas que hayan podido tomar estaas decisiones".
A la vez, y ya en el campo de las indemnizaciones, la asociación abre una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por el accidente. Si el Estado denegara esta responsabilidad, se iniciaría otro proceso judicial, también en la Audiencia Nacional, pero esta vez en la Sala de lo contencioso-administrativo.
El letado consideró que la elección de las vías penal y contencioso-administrativa no tiene por qué perjudicar a las restantes 20 familias no representadas en la asociación si éstas decidieran recurrir únicamente a la vía civil para reclamar las indemnizaciones.
ACTITUD DE TRILLO
El hermano del comandante Ripollés dijo sentir "pena", "tristeza" y "rabia" por la actitud que ha mantenido el ministro Federico Trillo-Figueroa desde que se produjo el accidente. "Sentí rabia cuando el ministro hizo gala en el Cngreso de lo maravilloso que era el avión Yakolev-42 el día de su inauguración en Ucrania", declaró.
"Me alegro muchísimo de que ahora los militares viajen en aviones estupendos y con los mejores pilotos, que son los del Ejército del Aire, pero me da mucha pena que haya tenido que ser la muerte de 62 personas la que sirva para cancelar los contratos con las compañías aéreas del Este o para incrementar el presupuesto de Defensa", denunció el presidente de la asociación.
Ripollés calificó de "terrile" que Trillo, quien no ha llegado nunca a entrevistarse con los representantes de la asociación, tuviera "14 informes con quejas por las condiciones en las que volaban y haya tenido que esperar a la muerte de 62 militares para tomar cartas en el asunto".
"Es vergonzoso que el ministro viajara en aviones DC-7 ó DC-8 mientras sus militares lo hacían en aviones basura", concluyó.
(SERVIMEDIA)
03 Oct 2003
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