Los hechos se conocieron en febrero, cuando en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía Foral se personaron en pocos días tres ciudadanos para denunciar unos hechos que podían ser constitutivos de delito.

En todos los casos se denunciaba el cobro excesivo de labores simples de reparación o sustitución de piezas, todas ellas cometidas en viviendas habitadas por personas de avanzada edad.

Los agentes sospecharon en su investigación que se cometían irregularidades, ya que en una de las denuncias se relata un cobro de 2.000 euros por cambiar un diferencial, en otra 1.900 euros por sustituir un cajetín del automático y en otra 1.800 euros por una simple reparación.

En algunos casos, el electricista solicitaba un adelanto de dinero con el fin supuesto de adquirir piezas necesarias para las reparaciones y posteriormente no extendía factura, informando al perjudicado que lo haría por correo.

Los denunciantes habían requerido los servicios del electricista mediante un teléfono insertado en anuncios de prensa local o en propaganda repartida mediante buzoneo.

Finalizadas las diligencias propias del atestado el detenido, que posee antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto en libertad a la espera de una citación judicial en un juzgado de instrucción de Pamplona.