García Calvo, que falleció ayer domingo en su casa de Villaviciosa de Odón a los 65 años de edad, ingresó en el Tribunal Constitucional en octubre de 2001 a propuesta del PP y formaba parte del denominado "sector conservador". De hecho, ha sido uno de los magistrados más críticos con leyes como el Estatuto de Cataluña o la ley del matrimonio homosexual.

Su muerte deja al Tribunal Constitucional con 11 magistrados, seis del sector progresista y cinco del ala conservadora.

Además, y de cara a la deliberación sobre la constitucionalidad del Estatuto Catalán, la supremacía de la corriente progresista se mantendría ya que, si bien el magistrado de este sector Pablo Peréz Tremps fue recusado y apartado de su estudio, la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, tiene voto de calidad, por lo que podría romper un hipotético empate entre los cinco magistrados de cada ala.

Pero es que, además, el mecanismo para suplir la vacante dejada por García Calvo se debe activar inmediatamente y no sería necesario esperar a que los partidos políticos alcancen un acuerdo para renovar un tercio del tribunal, es decir, para designar cuatro nuevos magistrados que sustituyan a la presidenta Casas, al vicepresidente Guillermo Jiménez y a los conservadores Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde, que deberían haber abandonado su cargo en diciembre de 2007.

Fuentes jurídicas explicaron que el Tribunal Constitucional comunicará mañana oficialmente al Congreso de los Diputados el fallecimiento de García Calvo para que active inmediatamente los mecanismos para nombrar a un nuevo juez.

Así las cosas y con la nueva correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional -con minoría conservadora-, el Partido Popular se encuentra en desventaja para entablar una negociación que permita nombrar a un sustituto para García Calvo.

Los socialistas estarían, por lo tanto, en una posición de fuerza para supeditar el nombramiento del sustituto de García Calvo a la renovación, no sólo del tercio del Tribunal Constitucional, sino también del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de un año y medio en funciones.

Además, la persona que sea finalmente nombrada ocupará el cargo dejado por García Calvo de forma interina, es decir, que ejercerá como magistrado del Tribunal Constitucional hasta noviembre de 2010, fecha en la que el juez fallecido debía abandonar el tribunal.