Para dicha Federación, ese planteamiento "favorece la privatización de la sanidad pública, fundamentalmente mediante el sistema de externalizaciones (subcontratación de una parte o la mayoría de lasprestaciones asistenciales con empresas privadas) y la posibilidad de enajenación del patrimonio de dichas fundaciones, que procede de la Seguridad Social y que por tanto ha sido sufragado con las cuotas de los trabajadores".

A su juicio, la propuesta del Gobierno "no incorpora ningún sistema de control y participación ni de los trabajadores, ni de los usuarios del sistema" y, además, "la situación del personal de estas fundaciones queda inconcreta, permitiendo cualquier fórmula, y rompiendo la necesaia independencia profesional".

En consecuencia, la FADSP concluye que la propuesta del Gobierno "solo pretende fomentar la privatización del sector sanitario público y la creación de un sistema de mercado y competencia dentro de la sanidad, que ha tenido efectos tan negativos sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios y la salud de la población en el Reino Unido".