Así lo denunció en un comunicado en el que advirtió de que, a su juicio, estas limitaciones “son las que provocan el acaparamiento de bienes y el desabastecimiento” y “permiten” la “especulación” con el “argumento de la escasez de los productos a la venta” a causa de la falta de materias primas como consecuencia de la guerra en Ucrania.

La asociación recordó que, mediante el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha introducido una modificación a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que, “hasta la fecha, prohibía expresamente” que los comercios “pudieran limitar el número de unidades que pueden comprar los consumidores”.

En este punto, subrayó que el apartado 2 del artículo 9 señalaba que los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que superen un determinado volumen. Además, precisó que, en el caso de que, en un establecimiento abierto al público, “no se dispusiera de existencias suficientes para cubrir la demanda, se atenderá a la prioridad temporal en la solicitud".

Por su parte, el Real Decreto Ley que publica este miércoles el BOE introduce la posibilidad de suspender esta prohibición a través de un nuevo apartado 3 del artículo, según el cual “excepcionalmente, cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen”, los establecimientos comerciales podrán suspender con carácter temporal la prohibición prevista en el apartado 2 de limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada comprador.

"Estas medidas deberán estar justificadas y se adoptarán de manera proporcionada cuando sea necesario para impedir el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas", según el texto.

CARTA BLANCA

La organización señaló que esta nueva redacción de la normativa “permite” que sean los empresarios los que decidan “cuándo la aplicación de la medida está justificada y es proporcional, dejando en sus manos cuándo y cómo limitan las unidades que ponen a la venta”. “Algo que, unido a la falta de controles en el mercado, puede provocar que muchos lo hagan con el fin de conseguir incrementos de ventas al tiempo que suben los precios”, abundó.

Facua criticó que, “una vez más”, el Gobierno de Pedro Sánchez “salga en defensa de los posibles especuladores en lugar de los consumidores" y aseguró que está “eludiendo su responsabilidad” de investigar “lo que está ocurriendo con la falta de bienes y las subidas de precios”.

Asimismo, hizo hincapié en que hace sólo unos días el Ministerio de Consumo y el de Industria, Comercio y Turismo “avalaron” en un comunicado conjunto que los comercios llevaran a cabo esta práctica “pese a estar prohibida por la normativa”. “Y todo ello, sin realizar las comprobaciones oportunas para averiguar si la limitación obedece a causas objetivas o quién está provocando realmente el desabastecimiento”, añadió, para denunciar que, de este modo, ambos ministerios “sentaron un nefasto precedente que puede validar comportamientos especulativos en el futuro”.